El Parlamento venezolano informó que más de 8.000 personas obtuvieron libertad plena durante el primer mes de vigencia de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero.
El balance, presentado por Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento, responde a demandas de excarcelación por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y actores políticos.
De ellos, 7.808 tenían medidas cautelares y 260 estaban encarcelados antes de acceder al beneficio. El Parlamento recibió 11.396 solicitudes válidas, correspondientes a los delitos y períodos fijados en la normativa.
La Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, cubre hechos ocurridos en trece años específicos entre 1999 y la actualidad.
Jorge Arreaza destacó que la medida pretende facilitar el reencuentro nacional y la estabilización política, afirmando: “Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional”
A pesar del anuncio de liberaciones, las autoridades no han publicado el listado oficial de beneficiarios. Esta falta de transparencia llevó a Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, a reiterar su pedido de acceso al registro. Organizaciones civiles advierten que esta opacidad afecta a las familias y obstaculiza el control ciudadano.
El texto legal excluye expresamente a personas involucradas en operaciones militares, delitos de corrupción, homicidio y graves violaciones de derechos humanos.
El informe de las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela sostiene que la ley “funciona como un espejismo de estabilización” y proyecta una imagen de “borrón y cuenta nueva” sin abordar las causas de la persecución política.
Medio centenar de organizaciones y activistas venezolanos solicitaron la creación de tribunales itinerantes en distintas regiones del país para que los beneficiarios de la Ley de Amnistía puedan gestionar sus trámites sin tener que desplazarse hasta Caracas.
En un comunicado dirigido a la Comisión de Seguimiento del Parlamento, pidieron que se recomiende al Tribunal Supremo de Justicia la instalación de estos tribunales y taquillas regionales, amparándose en la Constitución y en la legislación judicial vigente, que habilita la conformación de instancias móviles ante barreras geográficas o económicas.
Las organizaciones argumentaron que los costos de traslado desde 20 estados hacia la capital pueden superar los USD 120 por persona, lo cual consideran un impedimento excesivo para el ejercicio de un derecho que debería ser accesible y gratuito. Advirtieron que esta limitación afecta especialmente a quienes buscan acogerse a los beneficios de la amnistía, dificultando el acceso real a la justicia.
Como antecedente, señalaron que la implementación de tribunales con competencia nacional y el despliegue de unidades móviles permitió, según cifras oficiales, atender a más de 177.000 personas en 2024, realizar más de 21.299 gestiones legales en un trimestre de 2025 y activar 130 tribunales móviles en 116 municipios, demostrando la eficacia de estos mecanismos para ampliar el acceso judicial en el país.
(Con información de EFE)
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