El miércoles pasado, autoridades estadounidenses arrestaron a Rafael Enrique Gámez Salas, conocido como “El Turko”, en el Distrito Central de California, tras una solicitud de extradición presentada por el gobierno de Chile.
La detención de Gámez Salas, de 40 años, responde a una investigación que lo señala como presunto líder de la célula chilena de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, denominada Los Piratas.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el detenido enfrentará en Chile siete cargos relacionados con crímenes violentos, entre ellos secuestro, extorsión y homicidio.
Gámez Salas será extraditado a Chile, donde la acusación formal lo vincula con delitos como asociación criminal, extorsión, uso injustificado de armas de fuego, secuestro con resultado de homicidio y secuestro con fines extorsivos.
Uno de los casos más graves atribuidos al acusado ocurrió en febrero de 2024, cuando un grupo de Los Piratas secuestró y asesinó al exteniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda.
La investigación revela que los autores del crimen simularon ser efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile y utilizaron un vehículo con luces azules para acceder al edificio donde residía la víctima, en Santiago.
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Tras forzar la entrada, sacaron a Ojeda del departamento y lo trasladaron por la fuerza. Una semana después, el cuerpo del militar fue hallado enterrado bajo una losa de concreto en una vivienda improvisada, envuelto en una maleta y cubierto con cal.
La autopsia determinó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte, además de signos de tortura y lesiones compatibles con suspensión de extremidades, así como desmembramiento posterior al fallecimiento.
La investigación judicial sostiene que el secuestro y homicidio de Ojeda fue ordenado por líderes del Tren de Aragua desde el extranjero y que el pago asociado al crimen se realizó fuera de Chile.
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Una conversación interceptada vincula directamente a Gámez Salas con la planificación y ejecución del secuestro, al indicar que la orden provino de instancias superiores dentro de la organización criminal.
Gámez Salas tiene antecedentes penales en Estados Unidos. En 2023 fue deportado a Venezuela tras ingresar ilegalmente al país, pero volvió a entrar de manera irregular.
El acusado utilizó también el alias de Adrian Rafael Gamez Finol para evadir controles migratorios. En 2025, fue condenado en Texas por tráfico de personas y por reingreso ilegal, delitos por los que cumplía condena en una prisión federal de California cuando se emitió la orden de extradición.
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El fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, declaró: “Nuestro país no debe convertirse en refugio para criminales extranjeros que lideran organizaciones terroristas internacionales”.
El funcionario añadió que el Departamento de Justicia continuará colaborando con socios internacionales para asegurar que los responsables enfrenten la justicia en los países donde cometieron sus crímenes.
Por su parte, el subprocurador Todd Blanche calificó a Gámez Salas como “una clara amenaza para la seguridad pública” y enfatizó la importancia de impedir que personas con ese perfil permanezcan en suelo estadounidense.
(Con información de The New York Post)
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