La sociedad civil venezolana ha dado un paso firme hacia la distensión política en un momento de reconfiguración del poder en Caracas. La ONG Surgentes, en colaboración con el Comité de Madres por la Verdad, presentó este martes una propuesta de ley de amnistía ante la Asamblea Nacional. El proyecto, que consta de 12 artículos, persigue la libertad plena de los presos políticos, en un contexto marcado por la reciente asunción de Delcy Rodríguez como líder del régimen y un goteo de excarcelaciones que la oposición tacha de insuficiente y discrecional.
El director de Surgentes, Antonio González, ha apelado directamente al nuevo liderazgo del régimen chavista para que se establezca un canal de interlocución directa con las víctimas. Durante una rueda de prensa, González instó a Delcy Rodríguez a transformar su reciente discurso sobre la “convivencia y la paz” en una mesa de trabajo que incluya a las madres de los detenidos. El activista subrayó que estas organizaciones no actúan como partidos políticos, sino como actores sociales que buscan reparar la fractura institucional que persiste tras los últimos ciclos electorales.
La arquitectura legal del proyecto ha sido diseñada bajo el asesoramiento de expertos en derechos humanos y organizaciones históricas como Provea. El texto establece criterios claros de exclusión: no podrán acogerse a la amnistía aquellos señalados por delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos fundamentales o “homicidios políticos”. Según explicó María de los Ángeles Pérez, familiar de ex detenidos, el beneficio está orientado a líderes sociales, periodistas, militares y ciudadanos arrestados durante las movilizaciones que han sacudido al país en los últimos meses.
Para garantizar que el proceso no quede estancado en la retórica oficialista, la propuesta incluye un mecanismo de verificación internacional y multisectorial. En este comité participarían las universidades, la Iglesia católica y representantes diplomáticos de Brasil y Colombia. Ambos países han mantenido una postura de mediadores críticos, buscando una salida negociada que evite un mayor aislamiento regional de Venezuela. La inclusión de estas naciones responde a su interés estratégico en la estabilidad de la zona y su histórica relación con los distintos sectores del chavismo y la oposición.
El antecedente inmediato de esta propuesta se encuentra en las medidas de gracia parciales iniciadas el pasado 8 de enero. El chavismo prometió liberar a los presos políticos. Hasta el momento, la organización Foro Penal, referente en el monitoreo de la represión, solo ha podido verificar 266 liberaciones efectivas hasta la fecha, manteniendo una lista de cerca de 800 personas que aún permanecen tras las rejas.
La situación actual es el resultado de una crisis de legitimidad que se profundizó tras las elecciones del año pasado. La persecución de la disidencia y el uso del sistema judicial como herramienta de control político han sido documentados de forma recurrente por organismos internacionales. La propuesta de amnistía se presenta ahora como una “llave de salida” ante la convocatoria de un “verdadero diálogo político” anunciada por Delcy Rodríguez, quien ha delegado en su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la tarea de tender puentes con los sectores divergentes.
El éxito de esta iniciativa legislativa dependerá de la voluntad del chavismo para ceder en el control de su principal moneda de cambio política: los detenidos. Mientras figuras como Iraima Figueroa, madre de un joven recientemente excarcelado, claman por una convivencia que respete la diversidad de pensamiento, el régimen parece utilizar las liberaciones de forma táctica para aliviar la presión internacional. El horizonte inmediato de Venezuela se debate así entre una apertura real hacia la reinstitucionalización o la continuidad de un modelo de “puerta giratoria”, donde las liberaciones de hoy son compensadas con nuevos arrestos mañana.
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