Organizaciones denunciaron la falta de transparencia en las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela enfrenta un creciente cuestionamiento de organizaciones de derechos humanos, que denuncian opacidad y discrepancias entre las cifras oficiales y los casos verificables. Este lunes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) criticó que persiste la “falta de transparencia” en un proceso iniciado hace casi tres semanas y que, según la oposición, avanza a cuentagotas mientras cientos de familias aguardan noticias a las puertas de los penales.

Las excarcelaciones comenzaron el 8 de enero, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar que sacudió los cimientos del poder chavista. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió entonces como presidenta encargada. Desde ese momento, el régimen chavista ha prometido la liberación de un número significativo de detenidos como gesto para consolidar la estabilidad del país, pero el ritmo y la verificación de esas liberaciones se han convertido en un nuevo foco de tensión.

Foro Penal, la principal organización que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este lunes que ha confirmado 266 excarcelaciones desde el 8 de enero. La cifra contrasta marcadamente con los datos del régimen: Delcy Rodríguez aseguró el viernes que 626 personas habían sido liberadas y anunció que solicitaría al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que su oficina verifique las listas.

El CLIPP cuestionó directamente esa disparidad. En un comunicado, la organización rechazó el uso de las excarcelaciones como “herramienta de propaganda” y exigió respeto al sufrimiento de las familias afectadas. “Las personas presas por motivos políticos no son objetos. Son seres humanos, con nombres, historias y familias que sufren a diario”, señaló el colectivo, que agrupa a familiares de detenidos y activistas. La ONG reclamó al Estado una lista pública con la identificación de cada liberado, la fecha de excarcelación, el centro de reclusión del que salió, las condiciones impuestas y el estatus jurídico actualizado de cada caso.

Las discrepancias no se limitan al número de liberados. Organizaciones como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, advierten que la mayoría de las excarcelaciones no representan libertades plenas. Según la coalición opositora, se trata de medidas cautelares restrictivas que mantienen a los beneficiados bajo vigilancia y amenaza judicial.

El fin de semana trajo una aceleración inesperada. Foro Penal verificó 104 nuevas excarcelaciones solo el domingo, una de las cifras diarias más altas desde que comenzó el proceso. Entre los liberados figuran el abogado Kenny Tejeda Jiménez, quien llevaba detenido desde agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón, y Carla Da Silva, una de las acusadas por la fallida Operación Gedeón de mayo de 2020. También recuperó la libertad el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien cumplía una condena de 15 años que fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

El contexto de estas liberaciones resulta inseparable de los acontecimientos del 3 de enero. La captura de Maduro ocurrió durante la denominada Operación Determinación Absoluta, un operativo de unos 40 minutos ordenado por el presidente Donald Trump en el que fuerzas especiales estadounidenses extrajeron al dictador chavista y a su esposa, Cilia Flores, desde el complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo ante un tribunal federal de Manhattan. Maduro se declaró inocente y afirmó considerarse prisionero de guerra.

El proceso de excarcelaciones, en ese marco, ha sido interpretado como una señal del régimen chavista hacia Washington en un momento de extrema presión.

Mientras el chavismo y las ONG se enfrentan por las cifras, el drama humano se despliega a las puertas de los penales. Más de 80 familias han pasado noches consecutivas fuera de la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, a unos 30 kilómetros de Caracas. Aurora Silva, esposa del activista Freddy Superlano —uno de los opositores más prominentes aún detenidos—, ha denunciado que los familiares carecen de información real sobre el avance del proceso. El CLIPP resumió la posición de las organizaciones: ningún esfuerzo de diálogo, convivencia o paz será creíble sin la liberación plena de todos los presos políticos y el reconocimiento de la verdad de las víctimas.