Familias de presos políticos en Venezuela exigen la liberación de casi 800 detenidos

Familias de prisioneros políticos venezolanos exigieron este martes la liberación de casi 800 críticos del poder, entre ellos opositores, activistas y periodistas, que continúan detenidos pese al anuncio oficial de excarcelaciones realizado a comienzos de enero. El reclamo se produce después de dos semanas de espera frente a cárceles y centros de reclusión, en un clima de incertidumbre que las organizaciones de derechos humanos califican de prolongación del limbo judicial.

La presión de los familiares se intensificó tras la promesa del régimen chavista de liberar a un “número significativo” de personas arrestadas durante la dictadura de Nicolás Maduro, capturado en una operación estadounidense. Sin embargo, los avances han sido limitados. Hasta este martes, la ONG Foro Penal —principal referencia en el monitoreo de detenciones por motivos políticos— había verificado la liberación de 145 personas, mientras que alrededor de 775 permanecen privadas de libertad.

La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, aseguró la semana pasada que el proceso continuará y lo enmarcó en lo que definió como “un nuevo momento político” para el país. Desde el Ejecutivo sostienen que las excarcelaciones forman parte de un camino de normalización institucional tras semanas de convulsión política y social. No obstante, los familiares denuncian la falta de información clara y listas oficiales verificables.

La distancia entre el discurso oficial y la experiencia de quienes esperan fuera de las cárceles se refleja en testimonios como el de Francis Quiñones, madre de un joven detenido desde hace más de cinco años. Quiñones afirma que no ha podido comunicarse con su hijo en más de seis meses. “Uno se aferra a la esperanza, pero el tiempo pasa y nadie explica nada”, dijo mientras aguardaba noticias frente a El Helicoide, uno de los principales centros de detención de Caracas.

Desde hace dos semanas, decenas de familias han instalado carpas improvisadas en los alrededores de esa prisión, señalada por organizaciones humanitarias como lugar de reclusión de numerosos opositores. En la acera, carteles con fotografías y nombres de los detenidos conviven con velas encendidas durante vigilias nocturnas. El fin de semana, los familiares se abrazaron en silencio en una ceremonia improvisada para recordar a quienes siguen sin respuesta judicial.

Foro Penal advierte que la situación de los liberados tampoco equivale a una libertad plena. Su director, Alfredo Romero, señaló que la mayoría enfrenta medidas restrictivas impuestas por las autoridades, como prohibiciones de hablar con la prensa, presentaciones periódicas ante tribunales y vetos para salir del país. “No están en prisión, pero tampoco son libres”, resumió.

El contexto de estas detenciones se remonta a los años de creciente represión política bajo el chavismo, especialmente tras los ciclos de protestas de 2014, 2017 y el período posterior a las elecciones presidenciales de 2024. Organismos internacionales y misiones de verificación han documentado arrestos arbitrarios, procesos judiciales irregulares y el uso del sistema penal para neutralizar a disidentes.

La crisis venezolana, que combina colapso económico, migración masiva y deterioro institucional, dejó un saldo de miles de detenciones políticas en la última década, según estimaciones de ONG locales. Aunque algunos gobiernos y la Unión Europea han valorado las excarcelaciones recientes como un paso positivo, también han pedido transparencia, garantías jurídicas y la liberación de todos los presos por motivos políticos.

En Caracas, la sensación entre las familias es ambivalente. Mientras una parte del país intenta retomar cierta normalidad tras semanas de tensión, quienes esperan noticias de sus seres queridos describen una continuidad del sufrimiento. “La vida sigue para muchos, pero para nosotros está detenida”, explicó una de las mujeres que participa de las vigilias.

Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que el proceso de liberaciones será una prueba clave para medir la voluntad real de las nuevas autoridades de marcar un quiebre con las prácticas del pasado. Mientras tanto, los familiares anuncian que mantendrán las protestas pacíficas frente a las cárceles hasta obtener respuestas concretas.

El desenlace de este episodio no solo definirá el futuro inmediato de cientos de detenidos, sino que también funcionará como termómetro de la credibilidad política de una transición que, por ahora, avanza más despacio de lo prometido.