Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos, el foco judicial y político de Washington se desplazó hacia el núcleo duro del poder venezolano. En ese contexto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, encabeza hoy una de las mayores recompensas activas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares por información que permita su arresto y condena.
La cifra sitúa a Cabello en el mismo nivel que Dawood Ibrahim, uno de los criminales más buscados del mundo y señalado como cerebro de los atentados de Bombay de 1993, que dejaron 157 muertos. El paralelismo ilustra hasta qué punto Washington equipara a figuras clave del chavismo con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, según consta en los avisos oficiales del Gobierno estadounidense.
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De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), Cabello es buscado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso de armas automáticas y dispositivos destructivos en apoyo de delitos vinculados al narcotráfico. La recompensa fue elevada en enero de 2025, cuando pasó de 10 a 25 millones de dólares.
La ofensiva judicial estadounidense no se limita al ministro del Interior. El Departamento de Estado también ofrece 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusado de conspirar para distribuir cocaína a bordo de aeronaves registradas en Estados Unidos, según un aviso oficial fechado el 10 de enero de 2025.
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Esa cifra coloca a Padrino al mismo nivel que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos de América Latina. Para Washington, la comparación no es simbólica: responde a la tesis de que sectores del aparato estatal venezolano operaron como una estructura criminal transnacional.
Hasta su captura, la mayor recompensa activa era la de 50 millones de dólares ofrecidos por Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico con proyección internacional. El ex mandatario fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y permanece recluido en una prisión federal de Nueva York a la espera de ser procesado.
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El esquema de recompensas utilizado por Washington tiene precedentes históricos. Durante años, Estados Unidos ofreció hasta 25 millones de dólares por Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, capturado y abatido en Pakistán en mayo de 2011 durante la operación “Lanza de Neptuno”. Aunque el Congreso autorizó elevar la cifra a 50 millones, el FBI nunca formalizó ese incremento.
En el caso de Bin Laden, la Administración estadounidense sostuvo posteriormente que nadie cobraría la recompensa, al considerar que su localización fue resultado de inteligencia electrónica y no de información aportada por terceros. El ejemplo ilustra que estas recompensas cumplen también una función política y disuasoria, más allá de su eventual cobro.
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Actualmente, el Departamento de Estado mantiene activa una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Saif al-Adel, considerado el líder de facto de Al Qaeda, de nacionalidad egipcia.
La inclusión de altos funcionarios venezolanos en este sistema de recompensas marca un punto de inflexión en la relación entre Washington y Caracas. Para Estados Unidos, ya no se trata solo de sanciones diplomáticas o económicas, sino de un abordaje penal que presenta al antiguo poder chavista como una amenaza criminal equiparable a redes terroristas y carteles internacionales, con consecuencias judiciales que trascienden el colapso político del régimen.
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