Cayó Nicolás Maduro, el dictador que convirtió a Venezuela en un santuario del narcoterrorismo

Desde su llegada al poder en 2013, ungido públicamente por Hugo Chávez antes de su muerte, Nicolás Maduro gobernó una Venezuela que atravesó una profunda transformación. Ese primer día, todavía envuelto en los rituales del duelo nacional, heredó un país polarizado, con una economía debilitada y una estructura política diseñada bajo el proyecto fracasado del chavismo. Pero también heredó suspicacias. Su victoria por 234.935 votos sobre Henrique Capriles dejó un margen estrecho que alimentó denuncias sobre irregularidades, auditorías incompletas y la duda sobre su nacionalidad, por la afirmación opositora de que Maduro nunca presentó su partida de nacimiento venezolana ya que era oriundo de Colombia, lo cual haría inviable su ejercicio presidencial. Aquella grieta inicial se volvió el punto de partida de un período que, con el paso de los años, estaría marcado por la erosión institucional, la crisis económica y el uso creciente de la fuerza estatal.

Los primeros meses mostraron señales de un deterioro acelerado. Mientras la inflación comenzaba a presionar el poder adquisitivo, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia trabaron una disputa constante con la Asamblea Nacional. Para finales de 2014, las primeras protestas ya mostraban la magnitud de la tensión acumulada. Jóvenes, estudiantes, trabajadores y sectores populares salieron a las calles reclamando seguridad, alimentos y condiciones económicas más estables. El Estado respondió con detenciones masivas y el despliegue de fuerzas policiales y militares. Los informes del Alto Comisionado de la ONU recogieron testimonios de golpizas, abusos y uso ilegítimo de la fuerza en medio de un clima que, lejos de atenuarse, se profundizó con los años.

En 2016, la falta de alimentos y medicinas se volvió cotidiana. Las imágenes que circularon entonces —familias haciendo filas durante horas frente a supermercados para comprar productos escasos, ancianos esperando durante horas frente a farmacias vacías, hospitales sin agua ni insumos— se convirtieron en símbolos de una crisis humanitaria que avanzaba sin freno. La hiperinflación, que superaría el millón por ciento según estimaciones del FMI (2018), desfiguró la economía y empujó a millones de venezolanos a migrar.

Otro estallido social alcanzó su punto más álgido en medio de la crisis en 2017. Las protestas en Caracas, Maracaibo, Valencia y otras ciudades dejaron escenas registradas por organizaciones de derechos humanos y posteriormente verificadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Los informes incluyeron fotografías de cuerpos con impactos de bala en el pecho o la cabeza, señales de tortura en centros de detención y casos de desapariciones forzadas. Las fuerzas de seguridad, incluidos los servicios de inteligencia, fueron señaladas por la ONU como responsables de patrones sistemáticos de abusos.

Con ese telón de fondo, Maduro buscó su primera reelección fraudulenta en 2018. La campaña transcurrió sin los principales partidos opositores —inhabilitados, divididos o con líderes en el exilio— y sin observación internacional independiente. Para organismos como la Unión Europea, la OEA y agencias de Naciones Unidas, no existieron condiciones mínimas para una elección competitiva.

Los resultados fueron desconocidos por buena parte de la comunidad internacional. La legitimidad presidencial de Maduro quedó cuestionada para los años siguientes y el país quedó envuelto en una dualidad institucional. Más de cincuenta gobiernos reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado, mientras el líder del chavismo mantuvo el control de las instituciones y del territorio. Ese periodo estuvo acompañado por denuncias sostenidas de represión, documentadas por la ONU, que registró casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales vinculadas a fuerzas de seguridad como la FAES.

Durante los años siguientes, las denuncias de corrupción estructural en Venezuela se expandieron. Investigaciones federales en Estados Unidos identificaron a altos funcionarios venezolanos como parte del llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico presuntamente operada desde estructuras militares y políticas, y de la que Nicolás Maduro era el cabecilla. El Departamento de Justicia emitió acusaciones formales y ofreció recompensas por información que condujera a las capturas, señalando a figuras clave del régimen venezolano, como el dos chavismo Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Las sanciones económicas y financieras congelaron activos y bloquearon transacciones, aumentando el aislamiento del país.

El deterioro de los servicios públicos se convirtió en un rasgo permanente. Los apagones que dejaron al territorio a oscuras durante días, las fallas en la distribución de agua y las colas para obtener gasolina marcaron la vida cotidiana. Fotografías difundidas por organizaciones humanitarias mostraron a niños con desnutrición severa, familias rebuscando comida entre contenedores de basura, pacientes siendo atendidos en pisos de hospitales y morgues sin capacidad para manejar la cantidad de fallecidos por enfermedades prevenibles o falta de atención.

Para entonces, Venezuela ya estaba en una etapa marcada por la formal instauración de Nicolás Maduro como dictador, la profundización de la crisis económica y una reconfiguración social sin precedentes. La crisis económica alcanzó niveles inéditos. La hiperinflación, que había escalado en 2018, derivó en una dolarización de facto, visible en comercios, mercados y transacciones cotidianas. La población se adaptó a un sistema informal donde el acceso a divisas marcaba la diferencia entre relativa estabilidad y precariedad extrema. Con el colapso de los servicios públicos, amplias zonas del país quedaron sin suministro eléctrico constante, con fallas prolongadas en el abastecimiento de agua y hospitales que funcionaban con equipos dañados o sin insumos básicos. Fotografías verificadas por organizaciones humanitarias mostraron escenas de desnutrición infantil, quirófanos detenidos y morgues saturadas.

La migración venezolana se convirtió en un fenómeno estructural. Entre 2018 y 2023, millones de ciudadanos abandonaron el país, las imágenes de personas caminando a través de la frontera, atravesando el Tapón del Darién o viajando durante días en autobuses hasta naciones tan distantes como Chile o Argentina, le contaron al mundo el horror de lo que la censura chavista se ocupaba de ocultar en Venezuela. La ONU calculó años más tarde que más de ocho millones de venezolanos abandonaron el país huyendo de las calamidades del chavismo, la mayor diáspora en la historia moderna de América Latina.

En paralelo, el régimen enfrentó tensiones internas del chavismo. Facciones vinculadas al poder militar, líderes regionales y figuras históricas disputaron influencia mientras la dictadura recurría a redes clientelares, asistencia focalizada y control territorial para asegurar lealtades. La oposición, debilitada y fragmentada, atravesó cambios que incluyeron intentos fallidos de negociación y el final del llamado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

En el plano internacional, Maduro se ocupó de fortalecer sus vínculos con Rusia, China e Irán, que proporcionaron asistencia técnica, militar y energética en medio de las sanciones de Estados Unidos. En paralelo, las operaciones de grupos criminales y estructuras delictivas vinculadas a sectores del Estado adquirieron un rol más visible en el contrabando de combustible, la minería ilegal y el narcotráfico, ampliando la presencia de actores armados en diversas regiones del país.

Hacia 2024, el escenario combinaba desgaste institucional, una economía parcialmente dolarizada y un tejido social reorganizado en torno a la supervivencia. Ese contexto marcó la antesala del proceso electoral de 2024, que reeditó el patrón de fraude. La oposición denunció la ausencia de auditorías confiables, la falta de observación internacional y resultados que no coincidían con actas recopiladas por sus propios testigos. Tras la proclamación oficial de Maduro, estallaron protestas que dejaron decenas de víctimas fatales y centenares de nuevos presos políticos, esta vez simples civiles que se atrevieron a protestar contra el resultado que se anunció. La ONU y Human Rights Watch documentaron asesinatos de manifestantes, desapariciones forzadas y detenciones de menores de edad. Fotografías verificadas por expertos mostraron heridas letales causadas por disparos a corta distancia y lesiones compatibles con armas menos letales empleadas de manera indiscriminada.

La escalada de tensiones internas derivó en el exilio del verdadero ganador de los comicios presidenciales, el opositor Edmundo González Urrutia, y en la clandestinidad de María Corina Machado, la líder opositora que orquestó el triunfo del antichavismo y se encargó de recopilar las actas que pusieron en evidencia el gran fraude cometido por la dictadura.

El 10 de enero de 2025, Maduro fue juramentado en un acto breve, con baja presencia institucional y sin los protocolos habituales. Gobiernos de América y Europa declararon que la ceremonia carecía de sustento constitucional. La crisis política interna se transformó entonces en un conflicto de alcance hemisférico. Venezuela entró en una fase de mayor aislamiento diplomático. La legitimidad interna del nuevo mandato quedó quebrada desde el inicio, con instituciones bajo control del Ejecutivo y una estructura represiva activa en las principales ciudades. El país atravesaba un clima de vigilancia ampliada, restricciones a la movilización y nuevas detenciones de dirigentes locales que denunciaban el proceso electoral.

La economía continuó en caída. La dolarización informal sostuvo transacciones urbanas, pero vastos territorios del interior del país siguieron dependiendo de esquemas de trueque o de la circulación limitada de billetes en mal estado. Los apagones se volvieron más extensos y el sistema de salud experimentó nuevos colapsos por falta de suministros, agravados por la interrupción de importaciones tras el endurecimiento de sanciones estadounidenses.

A nivel regional, los países vecinos reforzaron sus fronteras ante el aumento de cruces irregulares. La diáspora venezolana volvió a crecer en los primeros meses del año, con registros de familias que abandonaban el país por rutas fluviales o trochas controladas por grupos armados. Informes de agencias internacionales señalaron que bandas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal ampliaron su control territorial, aprovechando la ausencia de una autoridad institucional con capacidad de respuesta.

A nivel internacional, la presión contra el régimen de Nicolás Maduro se intensificó de manera sostenida durante 2025. Estados Unidos endureció sanciones financieras y migratorias contra altos funcionarios, emitió nuevas imputaciones por narcotráfico y reiteró sus acusaciones sobre la participación del Estado venezolano en el Cartel de los Soles. En Europa, varios gobiernos reclamaron la liberación de presos políticos y ajustaron sus relaciones bilaterales, mientras organismos multilaterales denunciaban el deterioro de las condiciones humanitarias y la falta de garantías institucionales. Para mediados de año, Caracas y Washington mantenían un intercambio de advertencias que anticipaba una fase más agresiva, en medio de un aislamiento global creciente y de un régimen cada vez más dependiente del aparato militar y policial para sostenerse.

Ese escenario preparó el terreno para la Operación Lanza del Sur, anunciada por Donald Trump. El plan, impulsado por años de denuncias sobre narcotráfico y vínculos del Estado venezolano con estructuras criminales, escaló desde tareas de vigilancia marítima hasta operaciones directas en el Caribe. La decisión de Washington respondió tanto a la expansión del contrabando y las rutas ilícitas como al colapso institucional interno, que impedía cualquier cooperación judicial o policial con autoridades estadounidenses.

El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con unidades aéreas y navales, marcó la mayor demostración de fuerza militar estadounidense en la región en décadas y representó la mayor escalada de tensiones entre ambos países a niveles históricos que generaron el escenario para lo que pudiera ser el inicio del fin del chavismo en Venezuela.

Después de meses de confrontaciones con embarcaciones sospechosas y luego de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, Washington ejecutó un operativo puntual que culminó con la detención de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero de 2026. La operación alteró el equilibrio político regional y obligó a gobiernos vecinos a redefinir sus posiciones ante una crisis que llevaba años desbordando fronteras.

El arresto del sucesor de Hugo Chávez cierra un ciclo de veinticinco años marcado por censura sostenida, represión documentada por organismos internacionales, persecuciones políticas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, crisis económica persistente y un deterioro institucional que se profundizó con el paso del tiempo. Tanto el período de Hugo Chávez como los doce años de Nicolás Maduro se caracterizaron por el control sobre el sistema electoral, la ausencia de garantías verificables y el uso de estructuras estatales y paraestatales para consolidar el poder.

La salida de Maduro a manos de fuerzas estadounidenses tras la ofensiva regional deja al país ante un escenario frágil, enmarcado en las expectativas de renovación política. El vacío en el Palacio de Miraflores devolvió la posibilidad de que Venezuela retome un camino democrático después de décadas marcadas por el desgaste institucional y los agravios acumulados, aunque bajo la incertidumbre de las futuras acciones del remanente del chavismo que aún permanece en Venezuela ocupando espacios de poder.