La Fiscalía General del Estado de Jalisco afirmó que desconoce la investigación de Estados Unidos sobre el presunto fraude de tiempos compartidos operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través del complejo Kovay Gardens, aunque reconoció que en la entidad existen carpetas abiertas por estafas en el sector turístico.
El fiscal general, Salvador González de los Santos, declaró que la dependencia a su cargo no ha recibido notificación formal sobre la investigación estadounidense.
“De esta (investigación) que están sacando ahorita no, pero sí tenemos algunas carpetas de denuncias relacionadas con ello; específicamente de estas ahorita no tengo información”, puntualizó el funcionario estatal.
A pesar de lo anterior, González de los Santos admitió que el fraude en la oferta de departamentos y tiempos compartidos es una práctica detectada en destinos turísticos de la entidad. “Son prácticamente fraudes. Ofrecen departamentos o tiempos compartidos y mucha gente a veces cae”, detalló. Las indagatorias locales se centran en desarrollos inexistentes o condiciones engañosas para compradores nacionales y extranjeros.
La Fiscalía del Estado indicó que existe coordinación con instancias consulares cuando las víctimas son extranjeras, lo que permite fortalecer las investigaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana se sumó a las acciones bloqueando cuentas de siete objetivos adicionales, vinculados al entramado empresarial del resort señalado, para cerrar el paso al lavado de dinero en el sector turístico.
El esquema de fraude del caso Kovay Gardens
La investigación estadounidense, sustentada en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, ubicó a Kovay Gardens como parte de una red de fraude de tiempos compartidos dirigida por el CJNG.
El Departamento del Tesoro sancionó a cinco personas y 17 empresas mexicanas, bloqueando bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo transacciones con entidades y personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
El esquema, según la información oficial, se apoya en call centers instalados en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, donde operadores bilingües contactan a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos y Canadá con ofertas de compra, renta o supuestas gestiones legales.
Los responsables se presentan como agentes inmobiliarios o funcionarios estadounidenses, solicitan pagos anticipados de “impuestos” o “gastos de cierre” inexistentes y dispersan los recursos por medio de empresas fachada del sector turístico, inmobiliario y financiero.
El modelo permite revictimizar durante años a los clientes, quienes llegan a realizar múltiples transferencias sin recuperar nunca su inversión. El Departamento del Tesoro explicó que la operación se apoya en prácticas de venta engañosas, promesas falsas de rentabilidad y cargos indebidos a tarjetas de crédito. Posteriormente, los datos de los clientes son compartidos con otros operadores para ejecutar fraudes de reventa y nuevas estafas.
Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, fue uno de los principales sancionados. Las autoridades estadounidenses también señalaron a operadores regionales ligados al CJNG en Nayarit, bajo el mando de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.
De acuerdo con cifras del FBI citadas por el Tesoro de Estados Unidos, entre 2019 y 2023 al menos seis mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido en México. Solo en 2024 se registraron unas 900 denuncias adicionales, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
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