La “operación Tun Tun”, originalmente una expresión asociada a la paz y la bienvenida en la cultura venezolana ha sido resignificada por el régimen, como símbolo de la represión política y la impunidad en Venezuela, con el uso sistemático de la fuerza estatal, entre ellas la GNB, para silenciar voces críticas con un patrón de detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas de “terrorismo” y “odio” contra opositores y críticos del régimen. Los testimonios recogidos por la Misión de la ONU revelan graves actos de violencia sexual y de género. Durante las protestas de 2017, el entonces diputado y actual ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón introdujo por primera vez el término “operación Tun Tun” para referirse a las acciones represivas ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
La expresión “Tun Tun” adquiere especial relevancia en el contexto venezolano, ya que su origen se vincula a una conocida canción navideña que evoca el sonido de un golpe en la puerta, símbolo de una invitación para que personas de paz entren al hogar durante las festividades. Sin embargo, el régimen venezolano, ha utilizado el término reaccionándole un significado distinto al utilizarlo para nombrar operativos de seguridad que contrastan con el mensaje original, de paz y bienvenida, que transmite de la canción.
La Misión de la ONU destaca que, en el 2024, Nicolás Maduro retomó públicamente la expresión, advirtiendo: “la justicia les va a llegar… operación Tun Tun a todos los terroristas, violentos, conspiradores y complotados… cuando te toquen tun tun no te pongas a llorar en las redes sociales”. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se registró una nueva ola de detenciones postelectorales. Mensajes en redes sociales como Instagram y TikTok evidenciaron la reactivación de la operación Tun Tun, según testimonios recogidos en el informe de la Misión.
Los relatos describen cómo agentes de seguridad, incluyendo la GNB, irrumpían en domicilios, golpeaban puertas y, si no recibían respuesta, las derribaban para llevarse a las personas sin explicación. En otros casos, los funcionarios recorrían casa por casa, golpeando con armas para forzar la apertura. Entre lo ocurrido y documentado en el informe, varias personas fueron detenidas “únicamente por expresar su rechazo a los resultados electorales mediante videos, publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería”. Las autoridades las acusaron de “terrorismo” y “odio”, en una estrategia que evidencia el uso de la operación Tun Tun como mecanismo de represión política y control social.
GNB, la protagonista
En el informe elaborado por la Misión, se detalla el papel desempeñado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la operación Tun Tun, un despliegue que, según declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, involucró a diez organismos de seguridad, entre ellos la propia GNB, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La participación de la Guardia Nacional se registró tanto en comisiones mixtas como de manera individual, siendo esta última especialmente relevante en zonas apartadas de los principales centros urbanos y en áreas fronterizas con Colombia.
El documento señala que la mayoría de las detenciones se efectuaron en domicilios de personas previamente identificadas como objetivo de los operativos, aunque también se reportaron arrestos en espacios públicos. Se destaca la declaración pública del Mayor General (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, quien afirmó: “Hemos logrado llegar a la casa de estos traidores una vez que han cometido hechos vandálicos”.
El informe recoge múltiples testimonios que apuntan a labores de inteligencia previas a las detenciones, en las que los organismos analizaban vídeos, fotografías y mensajes en redes sociales o WhatsApp para identificar a los sospechosos. Posteriormente, los funcionarios elaboraban imputaciones que, en ocasiones, contenían elementos falsos o manipulados. Varias personas entrevistadas, para el informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, indicaron que algunas detenciones se originaron por simples denuncias realizadas a través de la aplicación VenApp, por individuos afines al régimen venezolano.
Violencia sexual
En el marco de los planes de represión política selectiva implementados en 2024 y 2025, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado activamente en la detención de personas extranjeras. Según la Misión de Naciones Unidas, estos procedimientos se han concentrado principalmente en localidades fronterizas con Colombia y en el Distrito Capital. La Misión ha documentado, en el contexto de la Operación Tun Tun de 2024, graves actos de violencia sexual y de género contra personas detenidas, especialmente mujeres. Testimonios recabados por el organismo internacional revelan que, en algunos destacamentos de la GNB, mujeres detenidas fueron obligadas por sargentos a mantener relaciones sexuales a cambio de poder comunicarse telefónicamente con sus familiares.
Además, se reportó que una detenida fue testigo de violencia sexual contra otra mujer en la misma celda. El informe subraya que estos actos de violencia sexual, en general, fueron cometidos por funcionarios estatales en entornos coercitivos, destacando la implicación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la GNB y custodios penitenciarios. Por su parte, el SEBIN y la DGCIM habrían perpetrado formas específicas de violencia sexual y de género contra personas entregadas a su custodia por la GNB u otras fuerzas armadas, en el contexto de la represión selectiva.
No obstante, la Misión aclara que, en los casos investigados dentro de este contexto específico, no recibió información que vincule directamente a funcionarios de la GNB con la perpetración de violencia sexual durante la detención. La participación militar se habría limitado a la detención selectiva de personas opositoras o percibidas como tales, generalmente en coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el informe no descarta que, en otros contextos operacionales, se haya documentado la participación de la GNB en distintas formas de violencia sexual o basada en género.
Muertes en custodia
La Misión menciona el caso de una persona detenida después de las elecciones que “moriría tres meses y medio después bajo custodia del Estado al no haber sido atendida su salud oportuna y efectivamente”, afirmando que la Misión confirmó que la alcaldesa Cruz Torrealba “fue quien ordenó a funcionarios de la GNB su detención”. Ese caso es el del testigo electoral de la organización Vente Venezuela, Jesús Manuel Martínez Medina, quien fue detenido el 29 de julio y falleció, el 14 de noviembre 2024, en el hospital Luis Razetti del estado Anzoátegui.
La Guardia Nacional lo detiene por orden de la alcaldesa Municipio Aragua, estado Anzoátegui, Cruz de los Ángeles Torrealba Milano alias Nany, quien pertenece al Movimiento Tupamaro, y fue postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La Misión de la ONU documenta que la detención de Martínez “fue instruida en represalia porque había conservado el acta de sufragio de su mesa de votación y, supuestamente, también había expresado vía WhatsApp críticas contra el Gobierno a raíz de los resultados electorales”.
Otro hecho relevante fue el de una pareja detenida la madrugada del 2 de agosto 2024 en el estado Bolívar “por una comisión integrada por funcionarios armados y encapuchados de la GNB y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)”. “El esposo fue inmovilizado por un funcionario de la GNB que lo amarró, encapuchó y sacó de la vivienda por la fuerza. Luego de ser subido a un vehículo, fue golpeado en el trayecto hacia el Destacamento de Comandos Rurales 628 de la GNB en El Callao”, relata el Informe.
Luego de la audiencia de presentación, lo trasladaron al Destacamento de la GNB en Puerto Ordaz donde permaneció hasta el 30 de agosto, cuando fue transferido al centro penitenciario de Tocuyito, en el estado de Carabobo. “Estuvo detenido en la prisión de Tocuyito hasta el 13 de diciembre, cuando apareció ahorcado en su celda”.
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