El líder antichavista Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela, alertó este lunes de una “grave violación de DD.HH.” contra su yerno, Rafael Tudares -detenido desde el 7 de enero en el país caribeño-, cuya audiencia preliminar está prevista para hoy, según la familia.
“Denunciamos la grave violación de DD.HH. contra Rafael Tudares Bracho, desaparecido forzadamente desde hace 132 días”, dijo el opositor en la red social X.
Asimismo, González Urrutia, exiliado en España desde septiembre del año pasado tras denunciar una “persecución” en su contra, afirmó que su yerno está siendo “sometido a un proceso penal ilegítimo y clandestino”.
Previamente, Mariana González, hija del opositor, señaló en un comunicado que, según la defensa pública, su esposo será “trasladado a tribunales en horas de la noche” de este 19 de mayo desde “el desconocido lugar” donde se encuentra recluido, y aseguró haber recibido “la advertencia” de que no se puede “acercar a ese acto”.
“No me permiten acercarme a verificar si, en efecto, mi esposo está vivo: no tengo una fe de su vida. No me dicen realmente dónde lo tienen. No me dejan visitarlo. No sé nada de él, de su vida e integridad física desde el 7 de enero”, dijo González.
Indicó también que Tudares es acusado de “ser supuestamente representante legal” de González Urrutia “con respecto a alguna propiedad”, así como de “ser yerno” del opositor, quien reivindica su victoria en las elecciones de 2024 sobre el mandatario Nicolás Maduro, proclamado ganador por el organismo comicial, que controlan rectores afines al chavismo.
“Quisiera saber y que alguna autoridad del Estado me explique en qué ley penal venezolana se tipifica expresamente como delito el hecho de ser yerno de alguien perseguido. ¿En qué ley penal se establece que ser representante legal de alguien es delito?”, expresó la mujer, quien desmintió que su pareja represente a su padre.
A su juicio, se trata de un “proceso judicial y clandestino” que “viola todos los derechos” de Tudares y “garantías a un proceso debido”, al no permitirle “estar asistido de (un) abogado de su confianza”, por lo que exigió la “libertad plena” de su esposo.
La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero, el mismo día en el que fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial antichavista Enrique Márquez.
La advertencia de una ONG
Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura son “sistemáticas” enVenezuela, donde se usa “el terror” para “anular la disidencia”, afirmó este jueves en Washington elInstituto Casla, que alertó de “532 detenidos cuyas identidades se desconocen”.
Desde la polémica reelección en julio del año pasado del dictador chavista Nicolás Maduro, la oposición venezolana denuncia fraude y reivindica el triunfo de su candidato, el exiliado Edmundo González Urrutia.
La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, de los cuales más de 2.000 han sido excarcelados. Activistas denuncian no obstante que los arrestos de opositores no han cesado.
La ONG Foro Penal cifra en 906 los presos en Venezuela por razones políticas.
Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, denuncia “crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro” con “violaciones sistemáticas y generalizadas contra la población civil”, especialmente contra opositores.
“Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura no son hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que configuran una estrategia clara de control social”, afirma en un informe que abarca de marzo de 2024 a abril de 2025.
Casla denuncia un “‘Estado terrorista’, donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento”.
(con información de EFE y AFP)
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