La organización venezolana Provea denunció este sábado que el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres permanece incomunicado en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en Caracas, y que las autoridades niegan a sus familiares y abogados el derecho a visitarlo.
“Informaron que no tiene derecho a visitas, negando contacto con sus familiares y abogados de confianza, violando su derecho a comunicarse”, publicó Provea en su cuenta oficial en la red social X.
La organización informó que los funcionarios del SEBIN reconocieron este sábado que Torres se encuentra detenido en la sede de El Helicoide, ocho días después de haber negado su paradero.
“La última vez que Torres habló con su familia fue el viernes 9 de mayo a las 4.00 pm (20.00 GMT), cuando informó que iba caminando desde Parque Central hacia su casa por el centro de Caracas. Nunca llegó”, indicó la ONG.
Torres, quien forma parte de Provea, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por amenazas y hostigamiento debido a su trabajo como defensor. La desaparición del abogado fue denunciada públicamente el 10 de mayo, lo que generó reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional.
El miércoles 14 de mayo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas continúan en Venezuela contra personas críticas del régimen de Nicolás Maduro.
En una rueda de prensa, la portavoz del organismo, Liz Throssell, destacó el caso de Torres: “Sus familiares informan que no han podido contactarlo y desconocen su paradero”.
Ese mismo día, el fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención de Torres y lo vinculó a un supuesto plan para generar actos de violencia durante las elecciones regionales y legislativas previstas para el 25 de mayo.
Saab afirmó que el abogado lideraba una estructura llamada "Nodos de Formación Ciudadana“, la cual, según el Ministerio Público, era financiada por agentes extranjeros y utilizaba talleres como “fachada para organizar focos de violencia”.
A través de una publicación en Instagram, el Ministerio Público de la dictadura acusó a Torres de promover “la destrucción de los centros electorales y mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”.
Saab aseguró que el abogado fue presentado ante un tribunal “conforme lo establecen los lapsos procesales”, con derecho a la defensa, y se le dictó medida privativa de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
La ONG Provea sostiene que se están vulnerando los derechos fundamentales de Torres y exige su inmediata comunicación con familiares y defensa legal.
(Con información de EFE)
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