Tras el informe de la ONU, González Urrutia confió en que la persecución en Venezuela acabará y “la justicia llegará”

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió sobre el clima de violencia en el que se vive en el país caribeño y denunció la muerte de al menos tres presos políticos

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Tras el informe de la ONU, González Urrutia confió en que la persecución en Venezuela acabará y “la justicia llegará” (Europa Press)
Tras el informe de la ONU, González Urrutia confió en que la persecución en Venezuela acabará y “la justicia llegará” (Europa Press)

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, lamentó este martes el informe difundido por la ONU sobre la delicada situación política y social en el país, pero confió en que “la justicia llegará”.

“Nuevamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronuncia: su oficina sigue de cerca las violaciones sistemáticas que ocurren en Venezuela: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, represión a voces disidentes y una ley contra las ONG que criminaliza la defensa de los derechos fundamentales", comenzó escribiendo en un mensaje el líder opositor que, sin embargo, ratificó su compromiso con la causa venezolana y la lucha por la libertad de su país.

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“Habrá verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”, aseguró.

Este martes, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un nuevo reporte en el que evaluó la situación en Venezuela y advirtió que sus ciudadanos viven en un creciente clima de miedo y represión, especialmente desde las elecciones fraudulentas de julio de 2024.

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Naciones Unidas denunció el “clima de miedo” en Venezuela y reclamó la liberación inmediata de presos políticos (EFE)
Naciones Unidas denunció el “clima de miedo” en Venezuela y reclamó la liberación inmediata de presos políticos (EFE)

La portavoz del organismo, Liz Throssell, apuntó que el régimen de Nicolás Maduro recurre cada vez más a técnicas como la detención arbitraria y la desaparición forzada de personas críticas de su gestión, lo que deriva en “un clima de miedo”, en la violación de múltiples derechos -entre ellos a la libertad de expresión y de asociación- y en “crecientes restricciones al espacio cívico”.

Asimismo, la ONU denunció la muerte en prisión de al menos tres opositores y exigió, por tanto, una investigación “completa” e “independiente”, a la par que instó al Palacio de Miraflores a proporcionar información sobre el paradero y la situación de quienes siguen privados de su libertad.

Según la ONG Foro Penal, serían al menos 894 los presos por cuestiones políticas, entre ellos 72 con doble nacionalidad y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años. Sin embargo, desde 2014 ya se han producido 18.346 detenciones por estas razones, un indicador de la aguda crisis que atraviesa el país desde hace más de una década.

“Nuestra Oficina sigue preocupada por las condiciones de detención, en particular por la falta de acceso a alimentos adecuados y atención médica”, sumó Throssell al respecto.

Lejos de hacer lugar a los pedidos de Naciones Unidas, Miraflores acusó al alto comisionado Volker Türk de “atacar con virulencia” a Venezuela y de guardar “silencio” sobre “abusos cometidos por gobiernos alineados con intereses hegemónicos”.

Maduro cargó contra la ONU tras presentar su informe (EFE)
Maduro cargó contra la ONU tras presentar su informe (EFE)

“Pareciera más enfocado en conservar su cargo que en defender los derechos humanos”, escribió la Cancillería en un comunicado, en el que señaló que el organismo no se pronunció “con claridad” y de la misma manera sobre la situación de los más de 250 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador, a los que considera “retenidos injustamente” y en una situación de “completa incertidumbre”.

No obstante, las erróneas acusaciones del chavismo quedaron en evidencia rápidamente, dado que Throssell ya se había referido al asunto en las últimas horas y había declarado que “ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara”.

(Con información de EFE)

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