La ONG Foro Penal contabilizó, hasta este lunes, un total de 894 presos políticos en Venezuela, una muestra más de la censura y la persecución en el país.
De ellos, 806 son hombres y 88 son mujeres, mientras de 889 son adultos y cinco, adolescentes de entre 14 y 17 años. Asimismo, 727 son civiles y 167 fueron identificados como militares de los diversos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras que se desconoce el paradero de 58 detenidos.
En su mayoría, las personas fueron arrestadas en el contexto post electoral, el pasado julio, cuando el régimen de Nicolás Maduro cometió fraude y se proclamó ganador, desatando así una ola de protestas en todo el país.
Según la Fiscalía chavista, desde entonces, más de 2.400 personas fueron arrestadas por cometer acciones “desestabilizadoras”, promover la “violencia” o estar vinculados a actos de terrorismo y conspirativos contra el chavismo, aunque no presentó pruebas de ello.
Es por ello que la oposición denuncia que se trata de presos políticos, que fueron privados de su libertad por ejercer sus derechos al voto o a la protesta pacífica, y a los que se priva de garantías básicas.
La Plataforma Unitaria Democrática resaltó, este viernes, el caso de los políticos antichavistas Freddy Superlano, Rafael Ramírez Colina, Roland Carreño, Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Williams Dávila, todos “presos injustamente” desde hace aproximadamente 200 días por haberse manifestado en favor o colaborar con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y quienes, desde su detención, “nunca han recibido la visita de sus familiares” por impedimentos del régimen.
“Denunciamos ante los organismos internacionales esta grave situación y exigimos su libertad y la de todos los presos políticos, y que cesen las violaciones a sus derechos”, manifestó el bloque opositor.
En línea con sus palabras, en el último debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela, la alta comisionada adjunta de la Oficina, Nada al Nashif, advirtió de la persistencia de “un clima de miedo, intimidación y persecución”, que se evidencia con las detenciones arbitrarias y la represión en el país, cuyo objetivo principal es intimidar y silenciar a las voces opositoras.
De hecho, según Foro Penal, una muestra de esto es que, desde 2014, 18.313 personas han sido víctimas de esta maquinaria, impulsada por el Palacio de Miraflores.
Asimismo, la ONU señaló que “la independencia judicial no es respetada ni está garantizada” para estas víctimas de arrestos, “y la legislación antiterrorista continúa siendo ampliamente usada para perseguir y detener a personas en violación del debido proceso y las garantías de juicio justo”.
Por otro lado, lamentó que quienes fueron privados de su libertad son sometidos a tratos inhumanos y torturas, que en al menos tres casos derivaron en la muerte por la falta de tratamiento médico apropiado.
Es por ello que al Nashif exigió “el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación incondicional e inmediata de todos estos arrestados, incluyendo defensores de derechos humanos, investigadores, miembros de partidos políticos y sus familiares, periodistas y trabajadores humanitarios y de ONGs”.
(Con información de EFE)
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