Familiares de políticos y personas detenidas tras las elecciones de julio del año pasado —en las que se impuso de manera fraudulenta Nicolás Maduro— pidieron este lunes que se permita el nombramiento de “abogados de confianza” que representen a sus parientes, al advertir —lo que consideran— un “conflicto de intereses” por parte de los defensores públicos que designa el régimen chavista.
Sol Ocariz, hermana del detenido Edward Ocariz, fue una de las voceras de una veintena de personas que se congregó a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, en el inicio de una serie de protestas que protagonizará durante esta semana la denominada “Ruta por la justicia y libertad”.
“Sin abogado de confianza, el detenido queda a merced del defensor público impuesto, quien es funcionario de un Estado que viola sus derechos humanos, lo cual hace latente un conflicto de intereses para ejercer la defensa”, señaló un documento leído por Ocariz y dirigido en esta primera jornada a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington.
El texto alertó sobre las “violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales” y, en nombre de organizaciones y familiares, demandó “acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata” de los detenidos, la mayoría de ellos arrestados en el contexto de las protestas poselectorales contra la fraudulenta victoria que proclamó el ente electoral a favor de Maduro.
En el documento se asegura que los detenidos han sufrido “un conjunto de patrones sistemáticos y masivos de vulneraciones de derechos humanos”, entre los que cita “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y negación del derecho a la defensa y al debido proceso”.
Además, el texto advierte que las audiencias de los detenidos ante “los tribunales de terrorismo” —“muchas de ellas” celebradas de forma telemática— “tendieron a ser sumarias y colectivas”.
“En la mayoría de los casos, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) imputó delitos graves como terrorismo o traición a la patria, previamente anunciados por el fiscal general (Tarek William Saab) y/o autoridades del Ejecutivo, antes de iniciar cualquier investigación”, aseguran los familiares en el escrito.
Además, los familiares de los detenidos pidieron “el cese de la judicialización de la protesta”, que sean “recibidos y tramitados” los recursos de ‘habeas corpus’ en los tribunales del país “sin dilación alguna”, así como garantizar el “debido proceso justo e imparcial”, entre otras.
Para las familias, sus allegados son “presos políticos”, algo que niega la Fiscalía al alegar que los detenidos cometieron distintos tipos de delitos.
La “Ruta por la justicia y libertad” finalizará el viernes tras recorrer, entre otras, las sedes de la Defensa Pública, del Ministerio del Servicio Penitenciario y del Ministerio Público.
1.061 presos políticos en Venezuela
Por otra parte, un total de 1.061 personas permanecían privadas de libertad en Venezuela hasta el pasado 17 de febrero, consideradas por la ONG Foro Penal como presos políticos, según informó la organización.
La cifra supone 133 personas menos que hace una semana, cuando Foro Penal contabilizaba 1.194 los detenidos por implicaciones políticas.
A través de Instagram, la ONG detalló que, del total de los 1.061 detenidos, 940 son hombres y 121 son mujeres, entre los cuales hay 1.057 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó la victoria de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y diversos gobiernos de la región.
Además, Foro Penal indicó que 896 de los detenidos son civiles y 165 son militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La ONG contabiliza, desde 2014 hasta la fecha, 18.295 “detenciones políticas” y asegura que “más de 9.000” personas siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.
(Con información de EFE)
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