Este lunes se cumplen 17 días desde el inicio del último asedio a la residencia diplomática de la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados seis opositores venezolanos desde marzo de este año. La situación, marcada por cortes de suministros básicos, amenazas y violaciones al derecho internacional, ha generado preocupación y condenas internacionales.
En la sede diplomática, protegida actualmente por Brasil, se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña del comando “Con Vzla”; Omar González, jefe regional del comando en Anzoátegui; Pedro Urruchurtu, jefe internacional del comando; Humberto Villalobos, jefe electoral; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Todos enfrentan acusaciones de conspiración y traición a la patria por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El acorralamiento comenzó el pasado 23 de noviembre, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela luego de que el presidente argentino, Javier Milei, desconociera la reelección fraudulenta de Maduro en julio. Desde entonces, Brasil asumió la custodia de la sede diplomática.
Desde el inicio del acoso, Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, retiró los fusibles de la sede, dejando a la embajada sin suministro eléctrico. Aunque los refugiados cuentan con una pequeña planta eléctrica, esta solo funciona durante unas pocas horas al día, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de equipos básicos, que ya presentan fallas.
El suministro de agua también ha sido restringido. Desde el 27 de noviembre, las autoridades impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a los refugiados con reservas mínimas de agua potable. La embajada, que de por sí recibía agua solo una vez a la semana, enfrenta ahora una crisis humanitaria agravada.
La presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la embajada es constante desde el inicio del asedio. La madrugada del 4 de diciembre, alrededor de 20 hombres armados y encapuchados se presentaron en la residencia diplomática en cinco vehículos, amenazando con ingresar a la fuerza. Posteriormente, se reportaron allanamientos en viviendas cercanas y el hostigamiento a vecinos.
Adicionalmente, se han documentado sobrevuelos de drones sobre la sede, el bloqueo de señales de comunicación y restricciones a la entrega de alimentos. Según declaraciones de Pedro Urruchurtu, los agentes han intensificado el asedio en los últimos días, calificando estas acciones como “prácticas de terrorismo de Estado”.
Líderes opositores como María Corina Machado han denunciado lo que consideran un “estado de sitio” impuesto por el régimen de Maduro. Machado, actualmente en la clandestinidad, pidió a los gobiernos de Argentina y Brasil que tomen acciones urgentes para garantizar la emisión de salvoconductos para los refugiados.
Por su parte, Estados Unidos exigió a Maduro que entregue los documentos necesarios para permitir la salida segura de los asilados. “Estas tácticas hostiles demuestran la desesperación por aferrarse al poder”, afirmó la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela.
Al pedido también se sumaron ya los Gobiernos de Uruguay, Paraguay y República Dominicana.
El abogado de los refugiados, Tomás Arias, también solicitó la intervención de organismos humanitarios como la Cruz Roja y la Nunciatura Apostólica, argumentando que la falta de electricidad y agua constituye una forma de tortura.
Hasta el momento, no se ha informado de avances concretos en la emisión de los salvoconductos. Los asilados han pasado 264 días en la residencia diplomática en condiciones cada vez más precarias, mientras la comunidad internacional sigue presionando para que cese el asedio y se respeten los acuerdos internacionales sobre asilo político.
(Con información de AFP y EFE)
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