La CIDH condenó el “exilio forzoso” de González Urrutia a España

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes el “exilio forzoso” al que debitó someterse el candidato opositor Edmundo González Urrutia, consecuencia de la persecución y la intimidación del régimen de Nicolás Maduro. El organismo difundió un comunicado en el que criticaba el final del político, que buscó refugio en España, y aseguró que “en una democracia, ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una embajada o a abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad”.

Este domingo, el antichavista llegó a Madrid a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, luego de recibir la aprobación del Gobierno local a su pedido de asilo. Tras las elecciones, cuando el régimen lanzó reiteradas amenazas contra él y María Corina Machado e, inclusive, una orden de detención en su contra, la vida de González Urrutia “corría peligro”. Como consecuencia, adoptó un perfil bajo y, según se conoce ahora, pasó más de un mes refugiado en secreto en la Embajada de los Países Bajos en Caracas, antes de ocultarse en la residencia del embajador español en la capital y poner rumbo a Europa.

“Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida”, denunció el ex diplomático una vez a salvo, fuera del país, aunque prometió que no abandonará la lucha por la libertad de su pueblo. “Confío en que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia (...) Solo la democracia y la realización de la voluntad popular pueden ser el camino para nuestro futuro como país”, sostuvo en un comunicado.

Su exilio, sin embargo, despertó una ola de críticas de la comunidad internacional, que cargó nuevamente contra el chavismo por arremeter contra las voces disidentes en el país.

En ese sentido, los expertos de la CIDH sumaron en el comunicado de este viernes su preocupación a la ola de violencia desatada en Venezuela el 28 de julio, a raíz de las protestas pacíficas contra el fraude chavista, en las que se documentaron “graves prácticas de ruptura institucional y democrática que incluyen, entre otras, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal, y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de Derechos Humanos”.

A la par, advirtieron sobre el asedio a los seis opositores asilados en la sede de la Embajada argentina en la capital que se agudizó el pasado viernes por la noche, cuando agentes del SEBIN y demás cuerpos de seguridad, armados y encapuchados, rodearon el establecimiento y cortaron el suministro eléctrico, en un intento de intimidar e infundir el miedo.

Tan solo unas horas más tarde, el Palacio de Miraflores revocó el permiso que había concedido a Brasil para custodiar la Embajada, luego de la salida de la delegación diplomática argentina de Venezuela, bajo supuestas “pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”.

Desde la Comisión aseguraron que “estos actos tienen como intención infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición” y exigieron a las autoridades chavistas a “poner fin a la persecución política, respetar los compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y restablecer el orden democrático”.

“La Comisión reitera su llamamiento al Estado venezolano a respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”, concluyeron en el escrito.

(Con información de Europa Press)