Ocho países latinoamericanos condenaron la orden de arresto de la justicia chavista contra Edmundo González en Venezuela

Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Uruguay repudiaron la intención de la dictadura de Nicolás Maduro de arremeter contra la libertad del candidato opositor

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El candidato presidencial de la
El candidato presidencial de la oposición Edmundo González. (AP Foto/Cristian Hernández)

Un total de ocho países latinoamericanos han condenado este lunes la orden de arresto emitida por la dictadura de Venezuela contra el ex candidato de la oposición de Venezuela Edmundo González, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al dictador del país, Nicolás Maduro, unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional.

“Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el Juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del señor Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en el pasado proceso electoral del 28 de julio del 2024″, han indicado estos siete países en un comunicado conjunto.

Así, han resaltado que “dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”.

“En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, han manifestado.

Poco antes, el Ministerio de Exteriores argentino había condenado la orden de detención emitida “por el Ministerio Público de la dictadura de Maduro” contra “el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio”, y alertó a la comunidad internacional “sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas”.

En ese sentido, denunció las “violaciones masivas” de Derechos Humanos tras el “burdo fraude electoral”, y prometió no permanecer “indiferente” ante “las infames acciones de la dictadura de Maduro”, por lo que seguirá apoyando a la población venezolana “en su batalla por recuperar la democracia”.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

A las condenas a la orden de detención emitida contra González se ha sumado el Ministerio de Exteriores de Chile, que ha rechazado “enérgicamente” esta orden de la Fiscalía venezolana y ha reiterado su condena contra “cualquier forma de represión” contra opositores. “El Gobierno de Chile hace un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas”, ha afirmado.

PETRO CONVOCA UNA REUNIÓN VIRTUAL DE URGENCIA

Unas horas antes de conocerse la orden de arresto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había convocado a los gobiernos de Brasil y México a una reunión virtual de emergencia para analizar los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela.

Mientras que el mandatario colombiano sí asistirá a la reunión, aún se desconoce si su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, harán lo mismo.

Los tres países mantienen posiciones diferentes respecto a la crisis desatada en el país latinoamericana tras las elecciones presidenciales, y es que mientras Obrador ha respaldado a Maduro, Lula y Petro han evitado aceptar la victoria de ninguna de las partes.

Un tribunal de Venezuela emitió el lunes una orden de arresto contra González Urrutia tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor, al que achaca los supuestos delitos de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación”.

(Con información de Europa Press)

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