Cuatro periodistas fueron imputados en Venezuela por el delito de “terrorismo”, tras ser detenidos durante las protestas contra el fraude electoral del domingo 28 de julio -que dio como ganador a Nicolás Maduro-, denunció este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
A través de la red social X, la gremial alertó de un “uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo (...), especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales”.
Los cuatro periodistas imputados son los reporteros gráficos Yousner Alvarado y Deisy Peña, del estado Barinas (oeste) y Miranda (norte), respectivamente; el camarógrafo Paúl León, de Trujillo (oeste); y el periodista José Gregorio Carnero, de Guárico (centro), a quienes -según el SNTP- se les “ha impedido la juramentación de (una) defensa privada”.
Yousner Alvarado, reportero gráfico, enfrentó a la justicia el pasado 31 de julio. Fue acusado de terrorismo y permanece detenido en la sede del Conas en Barinas, bajo condiciones que han generado alarma entre defensores de derechos humanos.
El 6 de agosto, Paúl León, camarógrafo, fue presentado ante un tribunal especial y también imputado por delitos de terrorismo. León estuvo inicialmente detenido en la Coordinación Policial 2.0 antes de ser trasladado a la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) en Valera.
Deisy Peña, reportera gráfica, compareció el 7 de agosto ante un tribunal con competencia en terrorismo, siendo imputada por los mismos cargos. Peña fue detenida en la sede policial de Quebrada Honda y luego trasladada a la cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy, en medio de denuncias sobre las condiciones de su detención.
El periodista y dirigente político de Guárico, José Gregorio Carnero, fue presentado el 6 de agosto ante un tribunal especial y acusado de terrorismo. Carnero fue detenido en Valle de la Pascua y posteriormente trasladado al Cicpc en San Juan de los Morros, sumándose a la lista de profesionales de la información perseguidos en Venezuela.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó esta semana sobre al menos 79 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela ocurridas entre el lunes 29 de julio, un día después de las controvertidas elecciones
La mayoría de estos casos (62) están relacionados con la cobertura del proceso electoral o las manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar en numerosas ciudades y poblados de Venezuela en los días posteriores a los comicios.
“Esa documentación es alarmante” y “evidencia un recrudecimiento sistemático de la represión y el control sobre la información de interés público en Venezuela”, destacó el IPYS.
Este miércoles, el abanderado de la mayor coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, exigió “el cese de la persecución” y la liberación de los detenidos, cuando hay, según cifras de la dictadura, 2.229 personas privadas de libertad desde el 29 de julio, a quienes el régimen acusa de actuar con “violencia” y causar daños en centros públicos y otros sitios, lo que conlleva varios “delitos”.
El pasado lunes, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que la “gran mayoría” de los detenidos durante las protestas son acusados de “terrorismo”, según un “patrón claro” que identificó la ONG.
Tras diez días de haberse celebrado los comicios, el ente electoral no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, mientras que la principal coalición antichavista divulgó “el 83,5 %” de estos papeles, que muestran que González Urrutia ganó por amplio margen.
(Con información de EFE)
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