La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, de acuerdo con su informe anual presentado este martes.
“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.
En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.
González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).
Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.
“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.
Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.
418 ataques en el primer trimestre de 2024
En Venezuela se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85 % más con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se documentaron 226 casos, según informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático, en el marco de un contexto preelectoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de la sociedad civil”, indicó la ONG en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 97 casos, en febrero 230 y en marzo 91.
Del total de casos, 301 fueron de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento, 45 de amenazas, tres ataques digitales, dos allanamientos, dos casos de judicialización y una detención arbitraria.
“Durante el trimestre, el CDJ documentó discursos y campañas de estigmatización, señalando sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo el principal patrón de ataque, como una forma de amedrentar”, agregó.
El CDJ sostuvo que el 62 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y un 38 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron plataformas comunicacionales del Estado (37 %), seguidos de funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo nacional (32 %), agrupaciones afectas a los intereses del Estado (25 %), organismos de seguridad del Estado (4 %), e instituciones públicas o entes gubernamentales (2 %).
“En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentando los riesgos para la sociedad civil. Reiteramos que las actividades de defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos no es delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias”, apuntó.
El CDJ instó al Estado a proteger, garantizar y respetar derechos y “cesar de forma inmediata la criminalización de personas defensoras y frenar los avances legislativos que persiguen controlar, limitar y criminalizar a la sociedad civil en Venezuela”.
(Con información de EFE)
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