
Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenaron este viernes a Venezuela que se abstenga de emprender cualquier acción que pueda alterar la situación actual en un territorio potencialmente rico en petróleo que es objeto de una disputa fronteriza con Guyana, que controla la zona.
El tribunal no prohibió expresamente a Venezuela celebrar el referéndum planeado para el 3 de diciembre sobre sus derechos sobre la región alrededor del río Esequibo, objeto de la larga disputa fronteriza, como lo ha solicitado Guyana.
Sin embargo, los jueces dejaron claro que se debía detener cualquier acción concreta para alterar el status quo.
Guyana pidió en noviembre al tribunal que emitiera medidas de emergencia para detener la votación del referéndum. Venezuela dijo que la demanda interfería con sus asuntos internos y su orden constitucional.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, saludó la sentencia. “Como ha dejado claro la Corte, Venezuela tiene prohibido anexionar o invadir territorio guyanés o emprender cualquier otra acción -independientemente del resultado de su referéndum- que altere el statu quo en el que Guyana administra y controla la región de Esequibo”, dijo en un comunicado.

La sentencia es una oportunidad para que Venezuela muestre respeto por el derecho internacional, sostuvo Ali, quien añadió que confía en que el tribunal acabe dictando una sentencia definitiva a favor de Guyana.
La Corte Internacional de Justicia, como se conoce formalmente a la Corte Mundial, dictaminó en abril que tenía jurisdicción sobre la cuestión territorial. Pero podrían tardar años en llegar a un fallo final sobre ese caso principal.
Por su parte, el régimen de Venezuela celebró este viernes que la CIJ no ordenara la suspensión del referéndum.
“En lo concreto, fueron desechadas las solicitudes de Guyana”, dijo la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez frente a periodistas y recordó que Guyana había pedido a la Corte suspender la consulta popular o modificar algunas de sus interrogantes.
Rodríguez consideró que, con estas medidas, el tribunal internacional señala a Guyana como un “ocupante de facto” de la zona, al tiempo que le pide poner fin al otorgamiento de concesiones a empresas petroleras para explorar en áreas que Venezuela considera “pendientes por delimitar”.

Aunque la CIJ consideró que la celebración de este referéndum constituye un riesgo real de perjuicio contra Guyana, Venezuela reiteró que “seguirá adelante con los preparativos” para esta consulta, que ha acaparado todos los esfuerzos de las instituciones del Estado en las últimas semanas.
El referéndum hace cinco preguntas a los venezolanos, entre ellas, si están de acuerdo con la posición de Caracas de rechazar la jurisdicción de la CIJ sobre la región del Esequibo, un territorio entre Venezuela y Guyana, y aceptar un plan para incorporarla y crear un estado llamado Guayana Esequiba. También otorgaría a su población la ciudadanía venezolana.
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