El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias” (CNP), celebrado el pasado domingo, tras recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de “irregularidades”.
De acuerdo con la sentencia 122 de la Sala Electoral del TSJ, publicada en el sitio web del Supremo, la comisión organizadora de los comicios opositores deberá consignar “los antecedentes administrativos, contentivos de las veinticinco fases del proceso electoral” de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinios, totalización y proclamación.
Además, deberán consignar al Supremo las actas de aceptación de la candidatura de los aspirantes inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos de elección popular, como es el caso de la ganadora de las internas María Corina Machado, sobre quien pesa esta medida administrativa, impuesta en 2015 por el período de un año, pero extendida recientemente hasta el año 2030.
Asimismo, deberán entregar las renuncias de los candidatos Henrique Capriles y Freddy Superlano -que declinaron participar apenas un par de semanas antes de los comicios-, también inhabilitados, así como las de “cualquier otro ciudadano que haya decidido renunciar a su candidatura”.
El TSJ da un lapso de tres días a la CNP para consignar “un informe” en el que se indique “el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto”.
Finalmente, ordena notificar al fiscal general, Tarek William Saab, y a otros poderes públicos de esta sentencia y de los hechos denunciados por Brito que -aseguró- pudiesen configurar “la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión de delitos comunes”, sin precisar en qué tipo de hechos ilegales incurrieron.
María Corina Machado emergió como la indiscutible vencedora de las elecciones primarias en Venezuela, logrando un impresionante 92% de los votos. El pasado jueves, fue proclamada como la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, con el objetivo de desafiar al chavismo.
La sentencia del Supremo confirma las dudas que muchos planteaban con respecto a los próximos pasos que tiene que dar la dirigente para lograr la titánica hazaña de terminar con la dictadura chavista, que ha sumergido al país en la peor crisis de su historia.
De hecho, la victoria opositora obligó al chavismo a activar su maquinaria de persecución para deslegitimar el resultado. Tarek William Saab no dudó en calificar el proceso de “fraudulento”, pese a que contaba con la participación de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, un organismo de monitoreo independiente avalado por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por la dictadura, que aseveró que en las primarias opositoras participó cerca del 12% del padrón electoral del país.
Ante la contundente demostración de ciudadanía en unos comicios autogestionados que se llevaron a cabo contra todo pronóstico, el chavismo ahora comienza a mover sus cartas afinando el discurso según se van desarrollando los acontecimientos. El caso más evidente fue el desesperado intento del representante del régimen en las mesas de negociación con la oposición, Jorge Rodríguez, de desprestigiar las primarias ante el cuerpo de diplomáticos acreditados en el país caribeño.
El también presidente del Parlamento chavista pidió “mesura” y “parsimonia” a los embajadores y los exhortó a no “inmiscuirse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”, pues a su criterio “la oposición efectuó un fraude para generar situaciones de zozobra”, desconociendo así la voluntad de los ciudadanos que exigen un cambio y que sufren a diario el colapso de los servicios públicos, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, un salario mínimo de tres dólares mensuales, entre muchos otros problemas.
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