Al menos 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión se registraron en Venezuela en julio, un “mes marcado por el hostigamiento y los actos de censura por parte de funcionarios y organismos del Estado”, aseguró este sábado la ONG Espacio Público.
De acuerdo con una nota de prensa de la organización, periodistas y medios de comunicación “fueron las principales víctimas de las violaciones a la libertad de expresión” el pasado mes.
Asimismo, aseguró que esta decena de violaciones “fueron perpetradas por tres instituciones del Estado, dos funcionarios y un directivo de medios”.
Entre las víctimas, prosiguió, “se cuentan tres medios de comunicación, dos periodistas/reporteros y un particular”, que se trata de una “ciudadana indígena”, quien “fue intimidada por un funcionario militar y obligada a pedirle disculpas (...) por una denuncia que hizo sobre la quema de unos equipos” usados para la “minería ilegal en el estado Amazonas (sur)”.
Espacio Público también mencionó que, en una protesta de la comunidad LGBTI frente a la sede principal de la Fiscalía, en Caracas, “funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas”, quienes rechazaban la reciente “detención arbitraria, persecución judicial y exposición de 33 hombres” privados de libertad en un bar gay en el norte de Venezuela.
Según un informe de la ONG, al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en la nación caribeña durante el primer semestre de 2023, un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.
En junio, la organización no gubernamental documentó 42 agresiones -mayoritariamente actos de intimidación y amenazas contra periodistas y ciudadanos-, que se suman a otras 51 contabilizadas en mayo y a las 124 acumuladas durante el primer cuatrimestre, si bien, explicó a la agencia de noticias EFE la ONG, 16 casos ocurridos en este período fueron reportados y agregados al total de manera tardía, por lo que no se reflejaron en el informe correspondiente.
“Las principales víctimas en junio fueron personas particulares y periodistas”, dice el informe que da cuenta de “11 detenciones por ejercer la libre expresión”, entre ellos tres trabajadores públicos, un sector que ha protagonizado decenas de protestas en los últimos meses para exigir aumentos salariales.
En cuanto a los victimarios, “20 se relacionan directamente con el Estado”, lo que incluye a 10 cuerpos de seguridad -cuyos nombres no fueron expuestos en el escrito- siete instituciones y tres funcionarios, “junto con un grupo victimario afín” al gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).
Entre los casos señalados por Espacio Público, destaca la detención de dos productores agropecuarios que, en señal de protesta, arrojaron sus cosechas al río por la falta de combustible para trasladarlas hacia los mercados, un hecho que fue calificado como “sabotaje” por parte de la Fiscalía.
Asimismo, la ONG subrayó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio (RCR), la emisora más antigua del país, luego de 93 años, debido a la “imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales”, ya que funcionaban solo a través de la web desde abril de 2019, cuando la dictadura chavista no le renovó la concesión para el espectro tradicional.
En 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021, de acuerdo con la organización.
(Con información de EFE)
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