Proscripción serial: cómo funciona la estrategia de Maduro para sacar de carrera a los candidatos de la oposición

¿Una elección sin candidatos opositores? Sucedió en noviembre pasado en Nicaragua, luego de que Daniel Ortega metiera presos -o desterrara- a todos los presidenciables. O en marzo en Cuba, donde nadie por fuera del Partido Comunista participa de los comicios ficticios… La táctica es conocida en América Latina y el régimen venezolano es un buen alumno.

Históricamente ha echado mano a las proscripciones para manipular las elecciones. El objetivo es armar boletas a la carta, para minimizar riesgos de derrota. El régimen de Maduro ha metido líderes populares a la cárcel sin cuidar las formas (Leopoldo López, Antonio Ledezma, por ejemplo), su Asamblea Nacional elegida fraudulentamente para desplazar a la legítima le ha quitado la personería jurídica a los partidos más tradicionales y también a los emergentes y, además, ha torcido la Constitución para inhabilitar a los líderes opositores que mejor medían de cara a cada comicio presidencial.

Ahora fue el turno de María Corina Machado, que se suma a la lista negra que ya integran el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles y Freddy Superlano, el postulante del partido de Leopoldo López y Juan Guaidó. Los tres precandidatos opositores a la presidencia de Venezuela están proscritos en la Venezuela de Maduro.

La candidata de Vente Venezuela llena plazas en todo el país, incluso en los bastiones tradicionalmente chavistas, logró llegar a cada rincón en auto porque no la dejan ni siquiera usar vuelos nacionales, y cosecha una movilización inédita en los últimos meses.

Con tamaña popularidad, el régimen le bajó el pulgar y el último viernes confirmó su inhabilitación para cargos públicos por 15 años. “El chavismo históricamente ha tenido tendencia a hacerle esto a los políticos con potencial de tener muchos votos”, afirma en diálogo con Infobae el analista político venezolano Alejandro Armas y recuerda que en 2008 Leopoldo López fue la primera víctima, cuando Hugo Chávez lo inhabilitó para que no pudiera competir por la Alcaldía de Caracas.

Bajo el eufemismo de “irregularidades administrativas” el chavismo se deshace de todo aquel que presente peligro electoral. La táctica es la versión evolucionada de los gobiernos paralelos que elegía Chávez cada vez que perdía algún territorio. Entonces, armaba una estructura gemela y desviaba para allí los fondos despojando de recursos al opositor que legítimamente había ganado en las urnas. Maduro lo hizo con el Parlamento tras el histórico triunfo de 2015 pero ahora parece no ser suficiente, mejor intentar cortar de raíz e impedir que se presente.

Es preventivo: Maduro teme que María Corina Machado gane las primarias y como es quién mejor intención de voto tiene, al mismo tiempo, busca desalentarlas.

El método que implementa serialmente el chavismo además es contrario a la propia Carta Magna Bolivariana: estas inhabilitaciones emanan de la Contraloría General de la República a través de su polémico Código de Inhabilitaciones que viola la Constitución, que detalla que para quedar inhabilitado para ejercer derechos políticos tiene que existir una sentencia firme inapelable de la Justicia.

“La Constitución dice claramente que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular implica una sentencia definitivamente firme emanada de un tribunal de la República y donde evidentemente el imputado se ha podido defender”, explica a Infobae el abogado constitucionalista venezolano Juan Manuel Raffalli.

El especialista detalla que el comunicado publicado el último viernes contra la opositora señala que María Corina es responsable de una serie de hechos que a ella no le han notificado, no se ha abierto ningún procedimiento al respecto y no ha tenido derecho a defenderse, es decir, “hay una ausencia absoluta del debido proceso”.

El constitucionalista, además, insiste en la incompetencia de la Contraloría para tamaña sanción (15 años): “Ella no está ejerciendo ningún cargo público desde hace muchos años y ese es el único elemento que le daría competencia a la Contraloría”.

Raffalli asegura que estos “nichos de inconstitucionalidad” terminan afectando los derechos de participación política que están consagrados en los Acuerdos y Tratados Internacionales y, que por el artículo 23 de la Constitución, deben ser aplicados de manera directa en Venezuela porque tienen rango constitucional incluso.

“No solo vulnera el derecho del posible candidato a participar y recibir votos, también vulnera el derecho de las organizaciones políticas a postular y vulnera el derecho de los ciudadanos electores a ejercer su sufragio en función a los candidatos de su preferencia, es decir, atenta contra el sufragio como figura protagónica de la democracia constitucional”, afirma. “La posición del régimen es utilizar a la Contraloría para poder decidir quién va o no a ser el candidato de la oposición, lo cual es un absurdo. Es decir, esto es una receta al más puro estilo nicaragüense”.

“Aquí todos estamos inhabilitados”

“Esto no es algo sorprendente, lo ha hecho históricamente el régimen de Maduro. Es una táctica cubana para intentar sacar de juego a las disidencias”, asegura en diálogo con Infobae Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña de Machado. Y gráfica el escenario con una tan brutal como honesta reflexión: “Aquí todos estamos inhabilitados. Todos tenemos un número y el régimen decide cuándo ese número sale sorteado”.

Urruchurtu explica que la maniobra chavista no cambia nada de forma inmediata. Recuerda que desde el día uno la Comisión Nacional de Primarias dejó muy en claro que las inhabilitaciones no impiden postulaciones para las internas del 22 de octubre. “Si la mayoría de los precandidatos están proscritos por el chavismo, incluso Capriles”, apunta.

Y asegura que Machado tiene más fuerza que nunca. “Hagan lo que hagan vamos a seguir”, dice y recalca que la movilización es imparable. “La primaria es muy importante porque es la oportunidad para renovar el liderazgo de la oposición con un componente de legitimidad, algo que no tiene desde el 2015. Permite escoger más que un candidato, un liderazgo, con capacidad de interlocución con la comunidad internacional, y legitimidad dentro del país para construir una ruta hacia elecciones en 2024″, asegura.

Este punto es clave porque Maduro amenaza públicamente pero no da ninguna certeza electoral. No hay fecha probable, ni siquiera tentativa. “Después de la primaria, lo que viene es una negociación. Empieza una lucha en 2024, y el que gane, nosotros creemos que será María Corina, tendrá que hablar con el mundo y lograr los esfuerzos para que haya garantías electorales”.

El analista político Alejandro Armas concuerda con que la intención opositora es intentar revertir esa proscripción con movilización ciudadana, pero advierte que hay muchos factores en contra de eso: “La frustración y el miedo a la represión es aún un trauma colectivo en la población”. Sí cree que esta inhabilitación le da un impulso a Machado - “un aura de fruto prohibido”- que pone a la opositora en una posición de poder que, incluso, logró una especie de tregua con el resto de sus rivales que dejaron la contienda de lado para mostrar unidad en el rechazo a su proscripción.

“Hay mucho en juego. La presidencia es lo que más valora el chavismo, es la base de todo su poder y no está dispuesto a cederlo fácilmente”, advierte Armas.

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