El Parlamento de Venezuela, dominado por el régimen de Nicolás Maduro, aprobó este jueves una ley que lo avala a confiscar bienes vinculados con casos de corrupción administrativa y otros delitos, como el narcotráfico.
La Ley de Extinción de Dominio, presentada por Diosdado Cabello, obtuvo la luz verde por unanimidad de la Asamblea y, ahora, sólo resta su rectificación del Tribunal Supremo de Justicia y la promulgación por parte de Maduro.
Es una “ley muy importante en la lucha contra la corrupción (...) para que la impunidad no sea la moneda de uso corriente”, comentó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.
La Ley surge en un momento en el que el régimen ha lanzado una lucha contra la corrupción en PDVSA y diversas empresas públicas del acero, hierro y aluminio, así como en una estatal fabricante de cartones, y por la cual ya han sido detenidas 61 personas y se han realizado 172 allanamientos.
La nueva legislación se asemeja a una vigente en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que plantea declarar “sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna la titularidad a favor del Estado” de los bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según establece el texto venezolano entre sus 48 artículos, el Ministerio Público será el encargado de llevar a cabo estas investigaciones que permitan identificar los activos mientras que los tribunales emitirán las decisiones sobre si el procedimiento de recuperación es procedente.
Los bienes en cuestión serán vendidos y “destinados a financiar actividades de interés público”, entre ellos el sistema de protección social, el funcionamiento de los servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura pública.
Esta disposición va en línea con las resoluciones ya adoptadas por la Fiscalía en torno a los recientes allanamientos, por los cuales la Policía Nacional se hizo con 500 vehículos ajenos.
Asimismo, el segundo del régimen anunció recientemente la creación de la oficina “Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados”, que ya cuenta con 10.000 bienes registrados. De todas formas, se desconocen detalles sobre estos activos por lo que, en realidad, se puede entender como una medida que busca enfrentar a la necesidad de dólares para sostener la política cambiaria y al aumento del gasto antes de las elecciones de 2024.
La ley establece, por otro lado, la “imprescriptibilidad” en materia civil de los delitos relacionados con corrupción. “No hay excusa para el que robó hace 15 o 20 años. No prescribe el delito de corrupción”, sumó Cabello y prometió que la comisión a su cargo se encargará de revisar “todas las leyes” y “hacerlas más enérgicas”.
Como suele ocurrir, las acciones del régimen despiertan preocupación en organismos de derechos humanos que ya han advertido que, a pesar de que siga los lineamientos de la ONU, la nueva legislación puede ser peligrosa.
“Tememos que la iniciativa amparada en la lucha contra la corrupción busque no sólo crear mecanismo que le permitan al Gobierno apropiarse de bienes relacionados con actos ilícitos sino, también, facilitarle una herramienta política para atacar, perseguir y amenazar a cualquier persona (...) con apropiarse de sus bienes, sean o no obtenidos de forma ilícita”, subrayó la ONG Acceso a la Justicia.
No obstante, Cabello respondió a los cuestionamientos y aseguró que “el derecho a la defensa no se le va a negar a nadie” aunque advirtió: “Tenga la seguridad, usted señor corrupto, usted señor terrorista o narcotraficante, que tenga bienes mal habidos, que esos bienes pasarán a manos del pueblo de Venezuela”.
(Con información de Reuters y AFP)
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