Robaron el cuerpo de su bebé en el cementerio: "Estoy viviendo lo peor"

Alberto Aranda y su mujer, Mara, habían decidido que el cuerpo de Ciro, su único hijo, fallecido este 10 de diciembre último con apenas un año y dos meses, no iría a la tierra. No había lugar en los nichos del cementerio de la localidad de General Otamendi, en el municipio de General Alvarado, en la Provincia de Buenos Aires, de aproximadamente diez mil habitantes. Los nuevos nichos, con un lugar garantizado para el cuerpo del niño, serían construidos a partir de este febrero.

Así, el ataúd fue llevado a un depósito en el cementerio, una habitación de cinco metros de largo por tres de ancho en donde reposaban los cadáveres de varios adultos. Alberto y Mara confiaron. En la tarde del domingo, horas antes de la Nochebuena, los Aranda decidieron visitar el cementerio para llevarle flores a su hijo. Mara, sin quererlo, deslizó la tapa del féretro: el cuerpo de Ciro no estaba.

Los Aranda, en medio del estupor, alertaron a las autoridades de inmediato. La Departamental Otamendi de la Policía Bonaerense rastrilló la zona, hasta el momento sin resultados, el ataúd y el depósito fueron preservados y se enviaron peritos, en una causa a cargo de la UFI de Miramar. Una pequeña marcha fue convocada ayer desde las redes sociales; la iglesia local, la parroquia de Santa Teresita, fue el punto de reunión. El intendente local, Germán di Cesare, visitó también a la familia.

Este martes por la mañana, Alberto Aranda y su mujer seguían en el cementerio, esperando mientras la Bonaerense buscaba entre pastizales. "No sospecho de nadie, no tengo explicación", asegura Alberto a Infobae: "¿Para qué se lo robaron, para usarlo en una secta, para violarlo, para venderlo? Estoy perdido totalmente, y estoy viviendo lo peor".

Ciro había fallecido en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata luego de más de 20 días en terapia intensiva. Una neumonía fue la causa. Para Alberto, la muerte de Ciro fue algo que podría haber sido evitado. "Lo llevamos a una sala muy precaria que hay aquí en Otamendi, la médica no estaba capacitada para esto, nos hizo perder tiempo precioso. Fuimos tres veces y no se lo derivó, la última vez la médica ni siquiera nos atendió", asegura el padre del niño.

Alberto y su mujer tomaron medidas drásticas: Ciro fue llevado a Mar del Plata "en un auto particular", asegura. "En ese tiempo que perdimos se le fue líquido a los pulmones, hubo que extirparle el pulmón derecho, se le había llenado de pus. Por suerte el otro le funcionaba en un 90%. Y el 10 de diciembre, después de todo lo que peleó mi bebito, después de tres semanas en terapia intensiva, Ciro murió, en el medio de una descompensación. Yo sé que mi hijito tenía ganas de vivir", dice Alberto, todavía a metros de donde estaba el ataúd.

El depósito ciertamente no tenía la puerta abierta al público. Estaba cerrado bajo candado, con una llave que tenía Alberto. Hay un pequeño ventiluz, con tamaño insuficiente para que un adulto entre y salga.

Lo cierto es que no es la primera vez que el cadáver de un niño es robado en el cementerio de Otamendi. En las últimas Pascuas, el cadáver de Matías Valentino Fernández, de apenas dos años, hijo de una familia de quinteros bolivianos de la zona, fue encontrado a la vera del arroyo La Totora en la Ruta 11, sus dientes prolijamente arrancados. Había sido enterrado en Otamendi poco antes.

El encargado del cementerio terminó detenido, imputado por encubrimiento y falso testimonio, encarcelado en el penal de Batán. Luego recuperó su libertad debido a que, según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, la Justicia consideró que robar un cadáver es "una contravención y no un delito penal".

Para la ley argentina la pérdida de vida lleva automáticamente a la pérdida de la condición de persona. Un cadáver, jurídicamente, es un objeto. Alberto Aranda siente pavor ante la idea de que el responsable de robar el cadáver de su hijo salga libre por un hueco en la letra legal. "Que la gobernadora y el presidente tomen nota de esto", dice.

Lo cierto es que el Código Penal no contempla el robo de cadáveres, al menos no en forma expresa. El artículo 171 castiga con penas de dos a seis años de prisión "al que sustrajere un cadáver para hacer pagar su devolución", es decir, con un virtual rescate. El artículo 184, que contempla el daño a la propiedad e incluye la "infección o contagio en aves o animales" prevé castigos de tres meses a cuatro años para daño a tumbas sin mencionar el robo de un cuerpo tal como lo sufrieron los Aranda o los Fernández.