El juez de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo Segon rechazó la demanda de un hombre adicto a drogas y en situación de calle para que se le brinde una vivienda digna. Sin embargo, ordenó al gobierno local que lo incorpore a programas de capacitación para que supere su situación de vulnerabilidad y exclusión social, informaron este martes fuentes judiciales.
Según las fuentes, el juez Segon negó el pedido de una “vivienda digna” o un subsidio para cubrir un alojamiento con esas características, por considerar que “hasta el momento” el hombre de 38 años “no ha demostrado un máximo esfuerzo tendiente a superar su situación”.
Al promover la acción de amparo, el hombre admitió que consume marihuana, que dejó su adicción a la cocaína y aseguro tener problemas de salud en la visión y tuberculosis.
Por otra parte, el demandante afirmó que trabajó como repositor en distintas librerías, de ayudante de albañil y en la limpieza de colegios en forma informal, pero que desde hace cuatro años está desempleado y vive en condiciones infrahumanas, sin contar con los recursos necesarios para lograr modificar su situación de calle.
El hombre agregó que sus ingresos actuales se reducen a lo que recauda como “cuidacoches” (a lo que sumó los de una medida cautelar), ya que en 2013 dejó de percibir subsidios por parte del Estado que le permitían pagar un alquiler.
Al contestar la demanda, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que el hombre “no califica para el otorgamiento del subsidio habitacional”, ayuda que debe atender los casos de “mayor urgencia y necesidad” para que sean compatibles con los recursos disponibles.
Las cifras de la indigencia
Según el informe de la UCA al que tuvo acceso Infobae en diciembre del año pasado, se estimó que al tercer trimestre de 2019 el 32,1% de los hogares y un 40,8% de las personas se encontraban afectados por la pobreza.
Estos índices implican que 16 millones de argentinos viven en la pobreza y 3,6 millones en la indigencia. La cifra resulta más alarmante, si se tiene en cuenta que el 59,5% de los niños y adolescentes están comprendidos en la pobreza, con lo que son unos 7 millones de hogares de este grupo etario castigados.
Los niveles de inseguridad alimentaria severa registrados por la UCA también aumentaron: pasaron del 7,9% en el 2018 a 9,3%.
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