El riesgo de demencia podría disminuir de forma considerable si los países implementan políticas integrales y equitativas basadas en la mejor evidencia científica. Así lo estableció un panel multidisciplinario en Inglaterra, que consensuó 56 recomendaciones para autoridades sanitarias y gobiernos. Estas directrices, publicadas en Nature Reviews Neurology, proponen una hoja de ruta global y adaptable articulada en cuatro ejes principales: mensajería de salud pública clara, intervenciones individuales, acciones a nivel poblacional y fortalecimiento de la investigación.
La demencia constituye uno de los grandes desafíos de salud pública global ante el envejecimiento acelerado de la población en América Latina, España y el mundo. Según estimaciones recogidas por Nature Reviews Neurology, se prevé que la prevalencia global de este trastorno casi se triplique hasta 153 millones de personas en 2050. El impacto excede lo personal; en 2019, el costo económico mundial superó USD 1,3 billones, presionando tanto a sistemas de salud como a familias.
Frente a la ausencia de una cura, los esfuerzos se concentran en la reducción del riesgo mediante políticas informadas por evidencia. El consenso británico ofrece una base científica para diseñar estrategias sostenibles y adaptables a diferentes contextos, como destacó el equipo coordinador del National Institute for Health and Care Research Policy Research Unit en Queen Mary University of London.
El panel estuvo integrado por 40 especialistas de diversas áreas, incluyendo académicos, médicos, defensores de pacientes y personas con experiencia directa en demencia. Se buscó diversidad disciplinaria, geográfica, de género y origen étnico. Tras un taller presencial en Nottingham en octubre de 2024 y tres rondas de encuesta Delphi hasta diciembre de ese año, se evaluaron 69 propuestas iniciales que, tras votación y revisión, derivaron en 56 recomendaciones finales, según detalló Nature Reviews Neurology.
El método Delphi permitió fusionar evidencia científica con perspectivas de distintos sectores sociales. Las recomendaciones se validaron con un sistema de grados de acuerdo, asegurando mayoría en cada punto.
El primer eje aborda la comunicación en salud pública y recalca la importancia de usar mensajes accesibles centrados en la expresión "reducir el riesgo de demencia“, en vez de “prevenir” o “detener”. El consenso fue unánime para priorizar el término “demencia” y evitar menciones aisladas a subtipos como alzhéimer, garantizando claridad para la audiencia general.
Para el panel, las campañas informativas deben enfocarse en factores modificables respaldados por evidencia sólida, como hipertensión, pérdida de audición y aislamiento social. Se desaconseja utilizar fórmulas que exageren los beneficios o induzcan a pensar, erróneamente, que el riesgo puede eliminarse por completo. Además, la comunicación debe actualizarse según avances científicos y considerar la diversidad sociodemográfica.
Las recomendaciones sobre intervenciones individualizadas subrayan la necesidad de abordar factores como el aislamiento social, el control de la presión arterial y la salud auditiva. Aunque no hubo unanimidad para todos, se acordó que las prioridades deben definirse según la robustez de la evidencia y el valor añadido para la salud pública.
Se advierte sobre el riesgo de que las acciones individuales generen inequidad o refuercen estigmas ligados al estilo de vida. Por ello, los lineamientos enfatizan que toda política debe diseñarse para promover la equidad en salud y disminuir diferencias, evitando trasladar la responsabilidad a factores determinados por el entorno social o económico.
En relación con las intervenciones poblacionales, el consenso abarca medidas multisectoriales. Se aconseja integrar la reducción del riesgo de demencia en los marcos actuales de enfermedades no transmisibles, especialmente los que regulan el consumo de tabaco, alcohol y azúcar. Es fundamental recolectar datos de manera sistemática para monitorear la incidencia y evaluar el impacto de las políticas. El grupo de expertos resalta que la colaboración entre distintos ámbitos gubernamentales es esencial para una implementación y seguimiento efectivos.
La equidad es un principio transversal. Las recomendaciones recalcan que las políticas no deben profundizar desigualdades existentes y urgen identificar y remover barreras estructurales que afectan a grupos vulnerables, como personas en desventaja socioeconómica o minorías étnicas. Esto exige adaptar políticas nacionales a la realidad social de cada contexto.
El cuarto bloque se orienta a la investigación, proponiendo más inversión en estudios sobre la eficacia de los mensajes y la participación de poblaciones vulnerables en el diseño de políticas. El panel subraya la importancia de sistemas nacionales robustos de datos y defiende aceptar fuentes de evidencia alternativas cuando los ensayos clínicos no sean viables.
“La equidad debe ser central a toda política de prevención”, enfatizó Nature Reviews Neurology, que recomienda adaptar cada estrategia al contexto económico, cultural y sanitario local, evitando enfoques únicos que perpetúen diferencias injustas.
Aunque el proceso fue riguroso, los autores precisan que muchas recomendaciones son generales y deberán ser adaptadas a cada sistema sanitario. El consenso refleja la complejidad del tema y la necesidad de más investigación, especialmente en intervenciones individuales, ofreciendo flexibilidad para aplicaciones internacionales.
56 recomendaciones para autoridades sanitarias y gobiernos
1) Mensajes de salud pública
Principios generales
1. Priorizar factores de riesgo específicos para maximizar impacto.
2. Seleccionar factores según:
• posibilidad de acción individual
• evidencia causal sólida
• impacto en múltiples resultados de salud
3. Basar los mensajes en evidencia actualizada y revisable.
4. Evaluar los mensajes en distintos grupos sociodemográficos.
5. Balancear beneficios y posibles daños (ansiedad, estigma).
6. Usar con cautela los porcentajes de riesgo atribuible poblacional.
7. Investigar qué motiva cambios de conducta reales.
Lenguaje
8. Usar “reducir el riesgo de demencia”.
9. Evitar “prevenir”, “detener” o “eliminar”.
10. Usar “demencia” como término paraguas, no subtipos.
11. Evitar mensajes que asignen culpa individual.
12. Visibilizar acciones estructurales junto a las individuales.
13. Agrupar factores en categorías comprensibles (ej. salud física).
Factores que deben aparecer en la comunicación pública
14. Inactividad física
15. Aislamiento social
16. Obesidad
17. Hipertensión
18. Diabetes
19. Tabaquismo
20. Consumo excesivo de alcohol
21. Pérdida auditiva
22. Colesterol LDL elevado
23. Pérdida visual
Investigación en comunicación
24. Testear formatos, canales y lenguaje.
25. Evaluar credibilidad del mensaje y la fuente.
26. Medir impacto real en conductas y no solo en conocimiento.
2) Intervenciones a nivel individual
27. No basar la evidencia solo en tests cognitivos.
28. Priorizar intervenciones según evidencia epidemiológica.
29. Considerar causalidad real del factor de riesgo.
30. Evaluar valor agregado frente a políticas existentes.
31. Priorizar investigación en:
• aislamiento social
• hipertensión
• pérdida auditiva
32. Diseñar intervenciones que reduzcan desigualdades, no que las amplíen.
33. Integrar prevención de demencia en controles de salud desde la mediana edad.
34. Evaluar efectos más allá de la cognición (función, bienestar, autonomía).
35. Evitar enfoques que refuercen estigma de “estilo de vida”.
3) Intervenciones poblacionales
36. Integrar la prevención de la demencia en estrategias nacionales de Enfermedades No Transmisibles (ENT).
37. Incluirla en políticas sobre alcohol.
38. Tabaco.
39. Azúcar.
40. Contaminación del aire.
41. Daño auditivo ocupacional.
42. Reducir desigualdades socioeconómicas como estrategia preventiva.
43. Abordar inequidades en todos los factores de riesgo.
44. Priorizar intervenciones de bajo esfuerzo individual.
45. Asegurar escalabilidad y equidad.
46. Desarrollar sistemas nacionales de datos de incidencia.
47. Publicar datos comparables y sostenidos en el tiempo.
4) Agenda de investigación y financiamiento
48. Financiar estudios sobre cambio de comportamiento.
49. Investigar cómo comunicar prevención a lo largo del curso de vida.
50. Evaluar mensajes según si son:
• claros
• accionables
• relevantes
• confiables
51. Construir sistemas nacionales de datos de demencia.
52. Incluir resultados de cuidados sociales, no solo sanitarios.
53. Co-diseñar investigaciones con poblaciones en mayor riesgo.
54. Garantizar inclusión y diversidad en estudios.
55. Aceptar evidencia no experimental cuando los Randomized Controlled Trial o Ensayo Clínico Aleatorizado (RCT) no sean viables.
56. Financiar estudios de largo plazo acordes a la latencia de la demencia.
La implementación efectiva de estas 56 recomendaciones podría disminuir la incidencia de demencia asociada a la edad, favorecer una vida saludable prolongada y reducir sustancialmente el peso social y económico de este trastorno, concluye Nature Reviews Neurology en su análisis.
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