Con las paritarias trabadas, el gobierno de Kicillof tensó con la Nación y recordó que le debe $22,2 billones

En medio de una situación compleja en la negociación con los gremios de la administración pública, el gobierno de Axel Kicillof actualizó la deuda que la administración nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires y responsabilizó a la gestión de Javier Milei por un “ahogo financiero histórico”. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso que la Provincia experimentó una pérdida total de $22,2 billones en recursos fiscales desde diciembre de 2023, lo que representa uno de los mayores recortes de fondos en los últimos años.

“Atravesamos un ahogo financiero inédito”, afirmó López. El funcionario detalló que los $22,2 billones equivalen aproximadamente a ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto total de la administración bonaerense o a más de un año completo de recaudación propia. En términos concretos, representaría la construcción de más de 15.000 kilómetros de rutas. “El superávit nacional es deuda con las provincias”, cuestionó.

Para el titular de Economía, si se suman las deudas directas, obras paralizadas y programas eliminados —sin contar la menor recaudación por caída de la actividad—, el monto adeudado a Buenos Aires explicaría cerca del 50% del superávit primario acumulado por la Nación desde 2024. “Mientras enfrentamos el retiro de la Nación de todas las funciones del Estado, los recursos de la Provincia están históricamente deprimidos. Educación, salud, seguridad y obra pública son abandonadas por el Gobierno nacional, y nos quitan los fondos para financiarlos”, agregó López, quien calificó al modelo actual como opuesto al federalismo, al crecimiento económico y al desarrollo social.

En ese punto, la gestión bonaerense pone el foco para fundamentar su posición en la negociación paritaria con los gremios de la administración pública, incluidos estatales, docentes, judiciales y salud, entre otros. Esa instancia se viene complejizando mes a mes, con ofrecimientos que no superan el 5% de incremento salarial. Docentes, estatales y judiciales rechazaron el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial en la instancia de negociación colectiva: fue un 3%.

Aunque políticamente hay sintonía con la mayoría de las entidades gremiales, la última oferta no conformó a los sectores, que decretaron medidas de fuerza. El mayor impacto se sentirá el próximo lunes, ya que en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no comenzarán las clases, según el calendario escolar. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consideró insuficiente la propuesta. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios que integran el frente, decretó el paro para el 2 de marzo. Sin margen, el resto de los sindicatos docentes se plegó, incluso Suteba, que lidera Roberto Baradel. A pesar de la cercanía con Kicillof, Suteba —el gremio docente más representativo— se sumó, argumentando que la decisión también respondía a la convocatoria de la central nacional, CTERA, de ir a un paro en las escuelas públicas para el 2 de marzo, fecha en la que coincide el inicio del ciclo lectivo en Buenos Aires.

Los gremios señalan, al igual que el gobierno bonaerense, que el recorte de fondos y transferencias de la Nación complica la negociación paritaria a nivel provincial. En el caso docente, uno de los puntos clave fue la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Por su parte, los estatales también consideran insuficiente el ofrecimiento de la Provincia. En las últimas horas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó una nota al ministro de Trabajo, Walter Correa, para que reanude con carácter urgente la negociación paritaria. En la solicitud, la organización sindical fundamentó la necesidad de discutir un nuevo acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.

Según la nota de ATE al ministerio, desde la asunción de Milei y la eliminación del cepo cambiario, la devaluación del dólar provocó una caída del 13,5% en el poder adquisitivo de los salarios estatales en apenas un mes. La entidad subrayó que la inflación se mantiene en niveles elevados y afecta de manera sostenida a los trabajadores del sector público.

El sindicato destacó que desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, el costo de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 593%, mientras que el nivel general de precios aumentó 200%. ATE atribuyó este deterioro al “modelo de ajuste brutal” promovido por el Gobierno nacional y a los recortes de recursos que, según sus estimaciones y en línea con Kicillof, representan 22 billones de pesos menos para la Provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, ATE sostuvo que la combinación de tarifazos y recortes nacionales “asfixió al Gobierno Provincial”, con consecuencias directas para los bonaerenses y, especialmente, para los trabajadores estatales.

El gremio resaltó que la prioridad debe ser “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones de habitantes de la provincia”. Entre los puntos principales de su reclamo, ATE incluyó un aumento salarial de emergencia para los sectores más rezagados, especialmente los auxiliares de la educación.

Los judiciales también rechazaron el ofrecimiento del 3% para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) consideró insuficiente la propuesta. Las asambleas mandataron a la Comisión Directiva Provincial de la AJB a ejecutar un paro total de actividades en los próximos días. El reclamo se centra en que el Poder Ejecutivo de la provincia presente una nueva oferta que permita equiparar y superar la inflación acumulada. La moción contempla, además, la posibilidad de coordinar la medida de fuerza con otros gremios estatales durante la próxima semana, lo que comienza a generar inquietud en la conducción de algunos sindicatos afines al Ejecutivo, ya que deben responder al mandato de las bases. En el gobierno bonaerense aclaran que las conversaciones informales siguen y que las paritarias “están abiertas”.