El exministro de Defensa durante la gestión de Mauricio Macri, Julio Martínez, planteó una posición nítida respecto al desembarco del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa: “Presti debería pasar a retiro para asumir, no puede ocupar los dos roles”. Así lo expresó en una entrevista con Infobae en vivo, donde recorrió el contexto de la designación, el marco legal vigente y la realidad interna de las Fuerzas Armadas.
La designación de Presti al frente de la cartera de Defensa marca un hecho inédito desde el retorno democrático. Si bien la decisión de Javier Milei no resultó sorpresiva para los conocedores de la dinámica presidencial, el movimiento despertó debates por tratarse de un militar en actividad que accede al máximo cargo político del área. La medida ha generado un “fuerte impacto político” y puso sobre la mesa viejas discusiones, sobre todo a partir del antecedente normativo construido durante la transición democrática, con la sanción de leyes que delimitaron el control civil sobre las Fuerzas Armadas.
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“El nuevo ministro, cuando ocurrió el golpe de Estado, tenía 10 años, nada tiene que ver con el pasado, no hay que juzgar por portación de apellido como hizo Nilda Garré en su momento”, afirmó Martínez en diálogo con Infobae. En su repaso, situó el origen de la discusión sobre el control civil en los primeros años del mandato de Raúl Alfonsín, cuando se sancionaron la ley de defensa nacional, la de seguridad interior y la ley de inteligencia. Según explicó, “allí se dictaron tres leyes muy importantes que establecen los límites de cada área y se establecieron las bases de lo que hoy vemos”.

Para el exfuncionario, no existe objeción institucional para que un militar ocupe el cargo de ministro en el escenario actual: “Con la consolidación de las instituciones, con las fuerzas armadas formadas en democracia, con respeto a la constitución y a las leyes, no tengo problemas en que asuma el nuevo ministro de Defensa”.
La objeción radica en la situación administrativa de Presti, quien debería desvincularse del servicio activo para asumir la función política: “Presti debería pasar a retiro para asumir su nueva función, no puede ocupar los dos roles. Hay normas que lo prohíben”, subrayó.
En la entrevista, Martínez también evocó su propia gestión para ilustrar el punto: “Yo cuando fui ministro encontré irregularidades, Berni estaba activo en el ejército cuando asumí y lo pasamos a retiro, porque es una situación que no se puede dar”.
El exfuncionario de la administración de Macri reconoció que la mirada social sobre la cuestión militar ha cambiado durante cuatro décadas de democracia. “Si esto ocurría hace 30 o 40 años yo hubiera estado en desacuerdo, pero hoy ya no debería hacer ruido”, manifestó.

Para comparar experiencias, mencionó ejemplos internacionales: “Como no lo hace en muchos países del mundo, como en Estados Unidos y en Europa, donde los militares ejercen cargos, es cierto que ellos no tienen nuestros antecedentes”.
Uno de los puntos que Martínez puso en agenda durante el reportaje fue la urgencia de atender las condiciones salariales y sociales de los integrantes de las fuerzas. “Los salarios de los militares hoy van desde los 900 mil hasta los 2 millones de pesos”, precisó en diálogo con Infobae, y vinculó esos niveles con una serie de dificultades estructurales.
Según su visión, la situación de la obra social IOSFA compromete la calidad y cobertura de las prestaciones para el personal militar y sus familias, ante un desfasaje marcado entre aportes y evolución de sueldos.
La entrevista, además, abordó el rol de las fuerzas armadas en la seguridad y defensa nacional. Martínez puntualizó que el contexto global ha cambiado, desplazando las amenazas convencionales por riesgos asociados a nuevos actores y eventos violentos de alta tecnología. “Hoy los conflictos que hay muchos no son de ejércitos regulares, sino que son ataques terroristas. A esas amenazas no las podés pelear con la policía de la esquina”, ejemplificó. Y llevó la conversación al caso brasileño, al recordar la incursión de grupos armados equipados con recursos avanzados.

El exfuncionario observó que la decisión de la designación depende del jefe de Estado. “La decisión es del presidente, él tiene que decir cuáles son las razones de este nombramiento, yo no tengo inconvenientes”, sostuvo ante las consultas sobre la posible existencia de malestar en la fuerza o entre los cuadros políticos.
En ese sentido, aludió a los resultados de las últimas elecciones y al respaldo de los votantes de las mesas donde sufraga el personal militar: “No le fue mal al gobierno en las mesas donde votan ellos, hubo un apoyo generalizado en las elecciones. A Macri en su momento también lo votaron”.
Desde la perspectiva del exministro, el lugar de las fuerzas armadas debe estar definido por el respeto a las leyes y la constitución, despejando dudas sobre el uso político o la interpretación flexible de esos límites: “Donde no está claro es en las regulaciones que hacía de las leyes el kirchnerismo, que reducía a las fuerzas armadas a actuar en contra de ejércitos regulares de terceros países y los autolimitaba al vicio de tener una defensa adecuada para las nuevas amenazas que hay en el mundo”, indicó.
La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa abre una etapa singular en la historia reciente argentina, acompañada de señales de cambio institucional y un debate abierto sobre los alcances del mando y la neutralidad castrense en tiempos de democracia.
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