El día que García-Mansilla dijo en el Senado que no asumiría como juez de la Corte Suprema si era nombrado por decreto

Mientras el Senado de la Nación debate los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los hombres propuestos por el Gobierno para completar la diezmada Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), no son pocos quienes salieron a recordar cómo el primero de ellos, hoy miembro del máximo tribunal por haber sido designado en comisión a través de un decreto, aseguró ante representantes de la Cámara alta que no aceptaría ingresar de esa manera.

El pasado 28 de agosto, García-Mansilla se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado con el fin de defender su pliego. Fue allí que la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti le preguntó si hubiera aceptado ser designado en comisión por Javier Milei como ministro de la CSJN (algo que finalmente ocurrió el 25 de febrero de este año).

La consulta de la senadora tomaba como ejemplo al DNU 83/2015, a través del cual el entonces presidente Mauricio Macri designó como ministros de la Corte a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

La respuesta de García-Mansilla, respetado catedrático, fue contundente. “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación”, comenzó su exposición el juez.

“Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Le doy un ejemplo: la ampliación de los jueces de la Corte Suprema. Depende el contexto en el que se haga, si bien es una facultad estrictamente constitucional, el Congreso tiene la facultad de determinar la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema y depende del contexto en que esa decisión se tome, puede afectar al tribunal”, continuó con su argumentación.

Y García-Mansilla concluyó, sin ningún tipo de duda: “Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero, depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación, y por eso mi respuesta es que no aceptaría una designación en comisión”.

Fernández Sagasti continuó su cuestionario con una pregunta cuya respuesta, vista desde el día de hoy, no deja muy bien parado a García-Mansilla. La consulta fue si, en el hipotético caso de que lo nombraran en comisión, estaría en condiciones de fallar en contra del Estado en alguna causa que llegara a la Corte.

“Un juez designado en comisión, una vez que ingrese a la Corte, podría tener una cierta falta de independencia. Me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo nacional puede designar jueces en comisión y que fallen a favor de los intereses del Ejecutivo en la medida en que ingresen a la Corte, aun por ese lapso corto de un año”, indicó el juez.

Aun así, teniendo en cuenta el desencanto del Gobierno cuando, recién asumida su nueva función, García-Mansilla firmó el rechazo al pedido de licencia de Ariel Lijo en su juzgado federal para que asumiera en el máximo tribunal, podría decirse que dejó en claro que no asumió en la Corte para cumplir los designios del Poder Ejecutivo.

Este jueves, el Senado define los destinos de García-Mansilla y Lijo. Para que sus pliegos sean aprobados, deben contar con el acompañamiento de dos tercios de los presentes.