Caso $LIBRA: designaron a María Florencia Zicavo como titular de la unidad que investigará a Javier Milei

El Gobierno nacional designó a la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, como la responsable de instruir a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue creada para investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA y el presunto involucramiento del presidente Javier Milei. La medida fue oficializada esta madrugada en el Boletín Oficial.

Por medio de la publicación de la Resolución 72/2025, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habilitó a la jefa de Gabinete de su ministerio a dictar las normas operativas y complementarias necesarias, para descubrir si existió un acto delictivo en el proceso de creación, difusión y publicación del activo digital que el mandatario había difundido en sus redes sociales el pasado 14 de febrero.

“Establécese que la UNIDAD DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN (UTI) será presidida por la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA”, dispuso el documento en su primer artículo, para luego aclarar que las funciones que tendrá Zicavo no representarán un gasto adicional para el Estado Nacional. Por este motivo, la funcionaria no recibiría un pago extra por asumir la titularidad del organismo.

Además de ser la encargada de ordenar las medidas pertinentes para investigar el origen de $LIBRA y el presunto involucramiento del presidente, Zicavo tendrá la obligación de informar de manera permanente al Ministerio de Justicia sobre las denuncias que pudieran formularse en contra de los sospechosos de haber cometidos ilícitos en el marco del proyecto cripto.

Según el Decreto 114/2025 que oficializó la creación de la UTI, el organismo que será presidido por la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia tendrá como objetivo primordial recopilar información sobre $LIBRA y colaborar de manera rápida con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) a lo largo de la investigación que ordenó el propio Gobierno nacional.

Entre sus funciones, la Unidad de Tareas de Investigación tendrá la facultad de poder requerir información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a entidades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

De la misma manera que los investigadores que conformen la UTI podrán tener acceso a información proveniente de diferentes jurisdicciones, el área también tendrá la obligación de resguardar los datos “para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”.

En este sentido, el organismo también tendrá la obligación de denunciar cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de los elementos que fueran considerados relevantes para la causa. No obstante, no estará dentro de sus facultades la posibilidad de emitir un juicio respecto a las pruebas que pudieran ser recolectadas en el proceso.

Bajo el punto de vista del Gobierno, la existencia de la UTI sería primordial para garantizar el “derecho de todo ciudadano a tener conocimiento de las cuestiones de interés público vinculadas a la manera en la cual los funcionarios públicos hacen ejercicio de su cargo”.

Sin embargo, se determinó que el área solo permanecerá en funcionamiento mientras el caso se encuentre bajo investigación, ya que se estableció la disolución de la misma apenas el proceso judicial sea concluido.

La creación de la Unidad de Tareas Investigativas había sido anunciada por el mismo presidente, luego de que varios presuntos inversores denunciaran haber perdido el total de los montos que ingresaron para adquirir el activo digital en las redes sociales. En el mismo comunicado emitido por la Oficina del Presidente, se confirmó que la causa sería encabezada por la Oficina Anticorrupción (OA).

“El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”, comunicaron al indicar que no solo serían investigados los funcionarios públicos, sino que también se analizará la participación de las empresas y personas que hubieran estado vinculadas al proyecto.

En el comunicado destacaron que “el Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”, respecto a la vinculación que habría tenido con la empresa que había brindado la infraestructura para poner en funcionamiento a la criptomoneda.

Las autoridades anticiparon que la UTI sería conformada por representantes de órganos y organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos, entre otras actividades relacionadas con la materia. En este sentido, señalaron que sería la forma más efectiva de poder analizar el trasfondo de $LIBRA, ya que se trataría de un caso sin precedentes para la Justicia argentina.