Durante la noche del martes se realizó un allanamiento en la casa de Fernanda Miño, la dirigente social cercana a Juan Grabois. Frente a esto, el representante de la UTEP apuntó contra el Gobierno nacional. “Están cruzando una línea roja más”, sostuvo.
El propio Grabois fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Según narró, Miño llegó a su casa, ubicada en Villa La Cava, cerca de las 22 horas del martes, luego de participar de la presentación del documental de Ofelia Fernández. “Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás”, señaló.
En el mismo sentido precisó que, durante el tiempo que estuvieron allí, “no la dejaron comunicarse con su abogado”, por lo que se hizo presente en el lugar junto a un equipo de abogados del partido Patria Grande. “Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, expresó sobre el cierre de la jornada del martes.
Una vez que llegó al domicilio de Miño, Grabois grabó un video en el que sostuvo: “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Saben por qué es este allanamiento? Por el robo de una moto”. “¿Se piensan que nosotros somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que por el robo de una moto van a hacer un allanamiento a las 10 y media de la noche?”, se preguntó.
En ese sentido, continuó: “Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar”.
A su vez, denunció que uno de los oficiales habría agredido físicamente a Miño. “Una de las menores que estaban en el lugar cuando fue el operativo, artero, completamente ilegal, nos cuenta que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó”, detalló y reflexionó: “Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”.
“Este barrio está lleno de narcotraficantes, en este barrio están envenenando a los pibes, mueren pibes envenenados todos los días y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Fernanda Miño. ¿Qué puedo pensar?”, enfatizó sobre el final del video.
En línea con el relato del dirigente social, los oficiales se fueron al poco tiempo de su llegada al barrio. “Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros de fondo”, indicó. Sobre el operativo, indicó que los uniformados estuvieron dos horas “revolviendo la casa” y reiteró que “le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizadas”. “Esto no queda así. No nos chupamos los dedos. Nunca jamás hicieron esto para agarrar a un narco de los que matan a pibes en este barrio”, se quejó.
Miño estuvo bajo la lupa del Gobierno a principios de año, cuando se realizó una auditoría en el fondo fiduciario que ella manejaba. De hecho, fue la última responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que destinó miles de millones de pesos a obras en barrios vulnerables, por lo que fue imputada en una causa por presuntas irregularidades en el fuero federal.
El Registro Nacional de Barrios Populares también estaba a cargo Miño, ya que era la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y tenía al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario.
Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.
Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.
La auditoría en cuestión puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.
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