La disposición del Ministerio de Capital Humano de transferir las prestaciones para comedores escolares “del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la órbita de la Secretaría de Educación”, puso en alerta al gobierno de Axel Kicillof ya que la decisión impacta directamente sobre el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que ejecuta la Provincia a través de los fondos que le manda la Nación.
Una de las críticas centrales a la decisión es de orden administrativo. Es que según el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, la medida implica “empezar una nueva articulación -con la Secretaría de Educación de la Nación- mientras que las transferencias llegarían recién dentro de 2 o 3 meses, a más de la mitad de iniciado el ciclo lectivo”.
Sucede que dentro de la transferencia de este tipo de prestaciones se ubican los fondos que corresponden al programa del Servicio Alimentario Escolar (SAE). En concreto, en las viandas que se dan en los establecimientos escolares como refuerzo alimenticio.
“Nos enteramos que tomaron la resolución de cambiar el programa nacional del Servicio Alimentario Escolar y pasarlo de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Educación, con lo cual ya se perdieron cuatro meses y esto burocráticamente hace que tardemos dos meses más en que esa asistencia, aunque pobre y escasa, llegue a las provincias”, planteó el ministro de Kicillof sobre la determinación de la cartera que conduce Sandra Pettovello.
La advertencia que planteó Larroque viene de la mano de un pedido formal que el ministro había hecho el mes pasado por fondos que no eran girados. Se trató de un pedido administrativo por recursos no transferidos que corresponden a un acuerdo sellado en mayo del 2023 entre el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tenía por objeto “financiar acciones tendientes a garantizar la Seguridad Alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social que asisten a comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires”. La deuda que denuncia Buenos Aires por este apartado ascendía hasta el mes pasado a más de $4.860 millones.
En lo que respecta a la atención en comedores escolares, a través del SAE, Buenos Aires interviene sobre 2.400.000 estudiantes. A diferencia de lo que ocurrió con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, este reclamo aún no fue judicializado por la Provincia
“La decisión fue unilateral e intempestiva”, agregó Larroque sobre la disposición de Capital Humano de trasladar la competencia de las transferencias del SAE al área de Educación. El vínculo entre el ministerio de Pettovello y sus pares provinciales es ínfimo, según las provincias. Ministros de desarrollo de distintas jurisdicciones tuvieron días atrás una reunión en la que volvieron a pedirle a Pettovello “la necesidad de generar la apertura inminente de los canales de diálogo y coordinar políticas de contención frente al ajuste”.
En ese encuentro -del que participaron los titulares del área de las provincias de La Rioja, Buenos Aires, Chubut, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Misiones- también se planteó que se evidencian demoras en la transferencia de recursos a las provincias para la atención de personas celiacas, comedores escolares y comunitarios, merenderos, y proyectos focalizados a personas en situación de vulnerabilidad social. Se trata de montos asignados por la ley de presupuesto prorrogado del año 2023.
En lo que respecta a Buenos Aires, por la asistencia alimentaria en escuelas la administración bonaerense desembolsa por mes $52 mil millones. A la par, había definido aumentar un 76% las prestaciones de programas sociales y 118% las becas que otorga el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. En números, lleva la inversión de $5.500 millones a $10.700 millones mensuales y alcanza a 550 mil personas. En clave política, las mejoras -que sin embargo no corren al ritmo inflacionario, como sí sucede con los salarios de los Estatales- buscan también una contención primaria para los sectores más vulnerables.
“El enorme esfuerzo que está llevando adelante el gobernador Axel Kicillof, absorbiendo competencias y obligaciones que son propias del gobierno nacional, aumentando la inversión social es para poder contener y asistir a las familias bonaerenses ante el ajuste”, explicó Larroque.
Pettovello, por su parte, mantiene un frente de conflicto abierto con las organizaciones sociales que denuncian el freno del envío de alimentos a los comedores por parte del Gobierno nacional. Semanas atrás la ministra dio a conocer un informe que advirtió que “el 55% de los comedores relevados no existen”.
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