El Gobierno continúa con el ajuste en el Estado y analiza la situación de miles de empleados públicos

El ajuste en todos los sectores del Estado es uno de los ejes que planteó el presidente Javier Milei para su gestión y, en ese sentido, les ordenó a todos sus funcionarios que hagan una revisión profunda del personal con el que se encontraron al ingresar al Gobierno, un proceso que está lejos de terminar e incluso en los próximos días podrían anunciarse despidos y no renovaciones de contratos de miles de empleados públicos.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae diferentes fuentes oficiales, tanto en los Ministerios como en los organismos descentralizados se está analizando la situación en particular de cada uno de sus trabajadores, ya que se considera que varios de ellos no cumplen ninguna tarea y fueron “puestos por la política”.

Si bien aún no hay un número exacto de cuántos cargos se podrían eliminar, todas las estructuras gubernamentales están siendo examinadas y en muchas de ellas se prevé reducir el personal, como recientemente se hizo en Aerolíneas Argentinas.

El martes se informó que esa empresa estatal, que ahora está en manos de Fabián Lombardo, pasará de tener 14 direcciones a solo 8 y que los reportes directos a la gerencia general de la compañía disminuirán de 17 a 11, en el marco de un programa de “racionalización”.

“La reducción del 43% en la estructura gerencial de Aerolíneas es parte del plan de ajuste del gasto público. Es el camino para eliminar privilegios, equilibrar las cuentas y hacer más eficiente el Estado”, comentó al respecto el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Por su parte, Miguel Blanco, que está al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), está recopilando los informes de cada una de las áreas del Gobierno, con el objetivo de elaborar un estudio final que debe presentar ante la Jefatura de Gabinete el mes próximo, tal como estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica.

Por orden de Milei, el SIGEN tiene un plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de aquel DNU, que rige desde el 29 de diciembre pasado, para hacer un relevamiento no solo de todos los empleados públicos activos, sino también de las licitaciones existentes.

El funcionario comenzó con esa tarea y dispuso una serie de vencimientos previos para la confección de los respectivos análisis de situación de cada Ministerio y organismo, con el objetivo de revisarlos antes de redactar el informe general.

Una vez que ese documento esté completo, los responsables de cada una de las entidades serán los encargados de decidir qué se hará, aunque en varios sectores ya se preparan para achicar sus estructuras, con los consecuentes despidos que implica esa medida.

“Uno, cuando llega a un lugar, siempre mira qué hace cada uno, dónde trabaja, qué función cumple. Son 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, por lo que hay un montón de lugares para analizar”, explicó un importante funcionario nacional.

Según revelaron a Infobae dirigentes de La Libertad Avanza, para realizar ese proceso las autoridades incluso se apoyan en los propios empleados de los organismos, con quienes se reúnen para conocer el manejo interno de cada área.

“Muchas veces son ellos mismos los que cuentan quiénes son los que no van nunca a trabajar, porque están cansados de tener que cumplir un horario y hacer las cosas bien, mientras que otros no hacen nada y cobran igual”, aseguró un integrante del espacio que suele visitar la Casa Rosada y se encuentra colaborando con el proceso de ajuste en varios sectores del Estado.

De esa forma, las autoridades van conociendo la coyuntura de cada lugar para armar la auditoría correspondiente, ya que en algunos edificios públicos no hay sistema electrónico para controlar la presencialidad, mientras que en otros el mecanismo está roto o no se utilizaba.

Así las cosas, incluso en los próximos días ya se podrían anunciar algunos despidos que se sumarán a las más de 7 mil bajas de trabajadores estatales que se decretó a fines del 2023 y que correspondían a personas que habían sido contratadas ese mismo año.

En paralelo, en el paquete de leyes que el Gobierno envió al Congreso, el presidente Milei incluyó un artículo que establece la creación de una llamada “situación de disponibilidad”, a partir de la cual “los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad, cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública nacional o de las funciones asignadas a ellos”, pasen a estar en una condición especial “por un periodo máximo de hasta 12 meses”.

Durante ese plazo, los trabajadores “serán remunerados por el Fondo de Reconversión Laboral, teniendo en cuenta la antigüedad y demás condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación y tendrán obligación de (i) recibir la capacitación que se les imparta; y/o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

En ese tiempo, la persona podrá optar por “cubrir una vacante en la Administración Pública nacional, en caso de que la hubiera y cumplieren los requisitos para ello”, ser contratada por un privado, o bien “formalizar otro vínculo laboral”.

Sin embargo, una vez cumplidos esos 12 meses, los empleados que “no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el Fondo, igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”.