Luego de que Alberto Fernández, con el aval de 14 gobernadores, decidiera no acatar el fallo de la Corte Suprema por una parte de la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri salió al cruce y realizó un duro cuestionamiento en redes sociales.
”La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”, sostuvo el ex presidente horas después de conocerse la decisión del Gobierno.
En aquella reunión, la decisión política -que se definió en conjunto- es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.
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El oficialismo vuelve a escribir un nuevo capítulo en su postura contra la Justicia, aspecto que resalta el propio Macri a lo largo de su texto: “El presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”.
En su resolución, la Corte expuso por qué el fallo es aplicable y cuáles son las razones por las que el argumento del Gobierno no tiene sustento. Así, sostienen que no se trata de una medida cautelar que afecte u obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.
De tal manera, el ex mandatario también recordó una instancia, durante su gobierno, en la que hubo una posición distinta respecto de una decisión del máximo tribunal: “Cuando a fines de 2015, apenas habíamos asumido, la Corte dictó un fallo millonario por coparticipación, no busqué excusas, y mucho menos embarqué al país en una crisis institucional. Confiamos en la Justicia”.
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Desde la mirada de Alberto Fernández tanto él como los gobernadores se basan en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
Esa fue la conclusión a la que llegaron los presentes en el encuentro de este jueves: Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Sin embargo, desde el ámbito del Derecho, diferentes abogados constitucionalistas respaldaron la postura de la Corte Suprema y señalaron que la decisión “es jurídicamente impecable” y favorece “el federalismo” del país y “la autonomía” del distrito en cuestión.
Además remarcaron que las provincias no se ven afectadas ni beneficiadas por la quita o la devolución de estos fondos a la Ciudad, ya que el monto que está en disputa corresponde a las arcas del Estado Nacional, afirmaron en diálogo con Infobae.
Según explicó Félix Lonigro, por ejemplo, “la coparticipación federal es un sistema tributario” a partir del cual el Poder Ejecutivo “recauda impuestos que corresponden a las provincias, y luego distribuye” el monto total entre todas ellas.
“En primer lugar, la Corte no resolvió aún el fondo de la cuestión. Solo concedió una medida cautelar, es decir, a modo cautelar, se le indicó al Gobierno de la Nación que, de la quita que le hizo a la CABA, le devuelva mes a mes el 0,63 por ciento hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Aquí aún no hay sentencia, solo una cautelar”, aclaró.
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