La Aduana liberó en las últimas horas el último remanente de la carga que transportó el avión de Emtrasur y otros 8000 mil kilos que llegaron una semana después en un avión de la empresa Skylease, contratada por el mismo importador, SAS Automotriz. “Se liberó toda la mercadería que estaba consignada a SAS. La liberación fue autorizada por el juez”, detalló una fuente aduanera a Infobae.
El juez federal Federico Villena había autorizado la liberación de la carga la semana pasada.
Toda la carga fue trasladada por Fracht, una firma de logística que terminó subcontratando a la empresa Aerocharter México. El contrato original se firmó por USD 885 mil, pero el viaje terminó saliendo casi 1,5 millón por las sucesivas demoras. Al costo adicional se le sumaron USD 110 mil, porque hubo que descargar y volver a cargar la mercadería en el aeropuerto de Querétaro, y otros USD 400 mil por un segundo vuelo que llegó el 11 de junio.
La carga fue revisada por las autoridades aduaneras argentinas apenas aterrizó el avión porque había alertas de agencias internacionales. Dos días después, fue revisada nuevamente en un operativo conjunto entre PSA, PFA y Aduana. Y el viernes 10, cuando ya había trascendido el escándalo por un pedido de informes del diputado Gerardo Milman, hubo otra revisión de la PSA dentro del avión, con la presencia de los tripulantes.
Villena ahora debe responder un pedido del abogado de los 19 tripulantes (cinco iraníes y catorce venezolanos) para que se les permita salir del país. Aunque todavía la investigación está en pleno proceso, el abogado aseguró que no hay pruebas en su contra. “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”, sostuvo.
Antes de decidir sobre las cautelares, el juez quiere tener el resultado final de la pericia de los aparatos secuestrados en el hotel de Canning y varios informes del exterior que todavía no fueron contestados.
La expectativa de los investigadores está puesta en los exhortos, especialmente uno enviado a Estados Unidos, para conocer más detalles de los tripulantes y del avión. La prueba más valiosa sigue siendo el informe del FBI que vincula al piloto Gholamreza Ghasemi con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah.
Hasta ahora, la investigación judicial permitió reunir indicios, pero no pruebas contundentes, para ordenar indagatorias. No hay aún sustancia para construir una imputación en ese sentido.
Durante los últimos días, la Justicia profundizó la investigación sobre la red de empresas que se esconde detrás del avión de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires con 47.882 kilos de autopartes. Hay al menos siete firmas, de diferentes países, bajo la mira. Hasta ahora declararon los representantes de SAS Automotriz, el importador que encargó el traslado desde México; de la empresa FRACHT, a cargo de la logística; y dos brokers que cobraron una comisión “sospechosa”.
También están bajo investigación la firma Aerocharter México, contratada por FRACHT desde su oficina en Estados Unidos, Blue Wings, una firma local encargada de realizar los trámites para Emtrasur, y otra firma española, Alcux Air Spain, que habría contratado el vuelo por USD 600 mil, casi 300 mil menos de lo que se pagó el traslado.
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