En una decisión unánime, firmada por sus 18 integrantes, el nuevo Consejo de la Magistratura resolvió excluir de un concurso a Walter Bento, juez federal mendocino procesado por corrupción. La resolución, a la que se llegó a través de consultas virtuales, ya que no hubo reunión presencial, lleva las firmas de los consejeros opositores y oficialistas y del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Bento, que tenía competencia electoral en Mendoza, fue procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a acusados en causas por graves delitos federales, que involucraban grandes sumas de dinero. Permanece en libertad debido a los fueros.
A través de la resolución 77/2022, el Consejo decidió excluir a Bento del concurso para cubrir una vacante en la sala III de la Cámara de Casación porque está procesado por un hecho doloso. “Se ha verificado la concurrencia de un obstáculo reglamentario para su postulación, circunstancia que se ve robustecida por el hecho de que al momento de la inscripción del postulante se encontraba en cabal conocimiento de ostensible impedimento que recaía sobre su persona”.
En julio del año pasado Bento fue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechos en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor. Además de un embargo millonario a él y parte de su familia se dispuso su prisión preventiva, la que no se ejecuta hasta tanto eventualmente no sea suspendido o destituido.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Mendoza.
Hace diez días, el juez e integrante del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, había pedido que Bento sea excluído del concurso 475 porque tenía un procesamiento firme.
Con la nueva integración, incluyendo a las cuatro consejeras que juraron la semana pasada, el Consejo decidió excluirlo del concurso y además rechazó la recusación planteada por Bento contra dos jurados del concurso.
“No puede soslayarse que adoptar una postura contraria, esto es, ignorar el auto de procesamiento penal de un postulante inscripto en un concurso que ha omitido ponerlo en conocimiento, conduciría a este órgano constitucional, con constancia fehacientes del hecho impedimente, a incurrir en una consciente renuncia a la verdad objetiva, con franca y grosera afectación al principio de transparencia, legalidad e igualdad”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El año pasado, el diputado y consejero Pablo Tonelli ya había pedido que Bento sea suspendido de su cargo. “Dar trámite formal a la comunicación recibida a fin de que el plenario de este Consejo tome conocimiento del oficio recibido, ponga a consideración la cuestión y resuelva la dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto del magistrado en cuestión, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por el Poder Judicial”, solicitó el diputado del PRO. Pero el kirchnerismo decidió respaldar al juez mendocino.
Bento llegó al juzgado federal 1 de Mendoza en 2005, tras ser propuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner.
En julio del año pasado, el juez federal Eduardo Puigdéngolas lo procesó por una acusación muy grave: otorgar favores a presos a cambio de millonarias sumas de dinero. Para los investigadores, Bento formaba parte de una banda que operaba con un grupo compuesto por abogados e intermediarios, entre ellos el ex despachante de aduana Diego Aliaga, secuestrado y asesinado, hecho del cual surgió la investigación inicial.
La causa comenzó a partir del peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento. A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados que surgían del peritaje, del que surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado.
Los bienes del juez fueron inhibidos y tiene un embargo por 327 millones de pesos que también recae en su esposa Marta Boiza, también de carrera judicial.
A pesar del procesamiento firme, Bento sigue en funciones.
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