La Corte Suprema de Justicia les otorgó a los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires un nuevo plazo de 15 días corridos para seguir negociando el traspaso de fondos para financiar la Policía porteña, discusión que comenzó cuando la Nación le quitó a la Ciudad un porcentaje de su coparticipación.
El pedido de la prórroga se había realizado después de la última reunión entre las partes, el miércoles 20 de abril, en una carta en la que todos los jueves fueron actualizando sobre los avances o retrocesos de la negociación. El primer plazo que había dado la Corte se vencía ayer, 26 de abril.
La nueva fecha límite es el 11 de mayo y, hasta ese momento, tendrán la posibilidad de cerrar un acuerdo en el monto de los fondos que deben transferirse, el punto clave de la negociación y en el que aún hay una distancia grande.
Esta semana no habrá encuentro entre las autoridades de los dos gobiernos. Volverían a juntarse recién el miércoles de la semana próxima cuando retorne al país el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien con una amplia delegación de gobernadores y funcionarios de su área está de gira por Israel.
Las conversaciones para lograr un acuerdo habían sufrido un estancamiento en las últimas veces en que se encontraron en las oficinas del ministerio del Interior en la Casa Rosada. Desde ambas administraciones creen que será la Corte Suprema la que terminará decidiendo cuál es el monto que anualmente el Gobierno le debe transferir a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Tanto Nación como Ciudad presentaron nuevas propuestas en la mesa de negociación para coincidir en un monto. Una cada uno. Ambas fueron rechazadas. La delegación porteña cree que el monto es insuficiente y el Gobierno sigue sosteniendo que el dinero que piden sobrepasa el costo de mantenimiento de la Policía. Hasta ahora llevan ya seis reuniones, que se hicieron todos los miércoles desde que el máximo tribunal obligó a una conciliación, pero los fondos se empezaron a tratar en las últimas tres.
Hasta el momento las partes se habían puesto de acuerdo en el mecanismo de traspaso y actualización: un 80% por el indicador salarial y un 20% ajustado por inflación. Además, será por fuera del sistema de coparticipación. Pero el acuerdo debe ser integral.
En Nación desconfían del gobierno de Rodríguez Larreta. Argumentan que quisieron estirar las discusiones para que la decisión final quede en manos de la Corte. ¿El motivo? Creen que si eso sucede, el máximo tribunal, que conduce Horacio Rosatti, avalará la postura del gobierno porteño.
Pero desde Ciudad también existen recelos porque cuestionan la actitud del ministerio del Interior cuando convocaron el 30 de marzo a los gobernadores a la Rosada para explicarles el dinero que perderían en caso de un fallo adverso a lo que pretende Nación.
En el Gobierno ya le plantearon a la Ciudad que, según el porcentaje de coparticipación que el ex presidente Mauricio Macri les había otorgado, actualmente la administración porteña debería percibir un presupuesto de 160.000 mil millones de pesos para sostener los 20.000 efectivos que pasaron de la Policía Federal a la Policía de CABA.
En la actualidad ese es el presupuesto total que el Estado destina a toda la Gendarmería Nacional (87 mil millones de pesos) y a los 30.000 agentes que quedaron en la Policía Federal (73 mil millones de pesos). En el gobierno porteño consideran que no hay que mezclar los temas.
La Ciudad de Buenos Aires judicializó sus reclamos en septiembre de 2020 cuando desde el Gobierno le recortaron el monto de coparticipación que se le había otorgado durante el mandato de Mauricio Macri para pagar los costos de la fuerza de seguridad a su jurisdicción.
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