La AFIP desplazó a dos abogados que pidieron penas contra Lázaro Báez y destapó una trama oculta de presiones internas

Luis González Avalos fue uno de los tres abogados de la AFIP que acusaron al empresario Lázaro Báez en el juicio por la “ruta del dinero k”, apenas dos meses después del cambio de Gobierno. No solo pidieron que vaya preso sino que lo vincularon de manera directa con el matrimonio Kirchner. Por ese alegato, sufrió presiones internas y hasta la filtración de sus mails privados. Pero siguió en su cargo. Sin embargo, la semana pasada fue convocado a la Dirección de Recursos Humanos, donde se enteró que había sido desplazado a la Dirección de Seguridad Social. Idéntico “castigo” recibió otra abogada que participó del mismo juicio.

“Tu director te dio el pase”, fue la excusa que escuchó González Avalos el jueves pasado, pudo saber Infobae de fuentes del organismo recaudador. Al día siguiente, el abogado fue notificado del traslado mediante una breve resolución. El director de Contencioso de la DGI que habría dado la orden es José Bilbao, un técnico de la AFIP que asumió en ese cargo mientras se desarrollaban los alegatos por el juicio contra Báez.

Bilbao depende de Flavia Karinas Reyes, subdirectora técnico legal de la DGI, pero arriba de ellos aparece Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner.

El director de Contencioso ya había tenido un cruce con los abogados que llevaban adelante el juicio por la “ruta del dinero K”. Fue en febrero de 2020, dos meses después del cambio de Gobierno. En la primera audiencia de los alegatos, González Avalos sorprendió a todos con un discurso muy firme. “La designación de Báez no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Néstor Kirchner”, dijo el 5 de febrero de ese año.

Y agregó: “Se ha corroborado que entre 2010 y 2013 se ha pergeñado un enorme derrotero criminal, un plan común tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo”.

El alegato de la AFIP, el primero de las tres querellas, se reanudó el 19 de febrero de 2020. En esas dos semanas, los abogados sufrieron presiones internas. Bilbao pretendía una aclaratoria y que el pedido de pena para Báez no fuera mayor a los 6 años. González Avalos se negó y le mandó un mail a sus superiores para que ratifiquen o “rectifiquen” el rumbo del alegato. Nadie se animó a responder por escrito.

El mail fue filtrado a los medios, tal como publicó Infobae, y hasta se inició un sumario interno en la AFIP para investigar la maniobra. Pero los abogados pudieron terminar su alegato y terminaron pidiendo una pena de 8 años, muy lejos de sus expectativas.

De los tres abogados de la AFIP que estuvieron a cargo de los alegatos, el único que sigue en funciones es Cristian Alarcón, que en pocas semanas deberá encargarse de las audiencias ante la Cámara de Casación por las apelaciones contra las condenas.

Además de González Avalos también fue trasladada Norma Martinez Monasterio, una de las abogadas que intervino en el juicio, y otros dos abogados.

En la AFIP relativizan la polémica. “Es un reordenamiento interno”, dijo un funcionario. Pero otras fuentes del organismo aseguran que fue un castigo por el juicio. De hecho, el área de Contencioso de la DGI estaba buscando abogados hasta hace muy poco días.

Algo similar ocurrió en la Unidad de Información Financiera (UIF), otra de las querellas del Estado en ese juicio. Infobae reveló en junio que el entonces director de Litigios Penales, Claudio Castelli, le había pedido a los abogados del organismo que suavizaran el pedido de pena contra Báez.

Hubo al menos tres reuniones durante ese verano. Desde el comienzo, Castelli planteó objeciones. “La pena para Báez tiene que ser más baja”, disparó en el primer encuentro. El primer borrador del alegato estipulaba una pena mucho más alta. Los abogados de la UIF respondieron que no se podía pedir menos de 12 años, la pena que finamente recibió el empresario patagónico.

Finalizado el juicio oral, uno de los abogados de la UIF decidió renunciar y el otro fue echado hace dos meses. También fue desplazado Castelli en medio de un escándalo interno. Su salida desató una “guerra interna”, según dijo él mismo en algunos de los audios de WhatsApp que mandó antes de irse.

“Afuera todo el mundo está diciendo que la UIF está parada. ¿Por qué no le pregunta Carlos (Cruz) a Cristina Caamaño (la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia) qué piensa? ¿Por qué no le pregunta a muchos del gobierno del desaguisado que está haciendo con la UIF?”, lanzó Castelli en uno de los mensajes.

El futuro de la causa por “la ruta del dinero K” ahora está en manos de la Cámara de Casación, que podría citar a una audiencia en las próximas semanas. Con el cambio de gobierno, las tres querellas del Estado quedaron relegados a un papel secundario: la UIF casi no interviene, y la Oficina Anticorrupción ya renunció a su rol de querellante..

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