Al finalizar la masiva movilización de ayer hacia el Ministerio de Desarrollo Social, algunos de los manifestantes formaron largas filas para depositar un número dentro de una bolsa. Las imágenes, captadas por las cámaras de televisión, confirmaron un sistema de prácticas clientelares de dirigentes que monopolizan la asistencia y mantienen dependientes a los que reciben una ayuda del Estado.
“Si no venís, te dan de baja. Yo cobro 12 mil pesos por mes de básico”, contó uno de los manifestantes en un móvil de TN en la 9 de Julio. Y agregó: “Pertenecemos a la organización OCR, somos de Moreno y de Morón”.
Ante la consulta sobre qué tiene que hacer para cobrar, otra joven consultada detalló: “Para cobrar tengo que ir a trabajar a un merendero, a un comedor y también asistir a los reclamos y venir a las marchas. Acá saben que cumplí con la marcha porque me hacen firmar a la ida y a la vuelta”.
Con esos testimonios, el fiscal Guillermo Marijuán presentó esta mañana una denuncia penal contra los responsables del Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria (OCR). En principio, el delito que se les imputa es el de coacción, que tiene una pena de prisión o reclusión de dos a cuatro años al que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad”.
La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal porque si bien es un delito ordinario, los hechos “fueron cometidos en el marco de actuación y desenvolvimiento de los planes sociales implementados por el Estado Nacional en momentos de plena crisis vivida por el país”.
Entre las primeras medidas, Marijuán solicitó que se identifique “a aquellas personas que se observan en las imágenes periodísticas tomando asistencia a los concurrentes a la marcha social sindicada”.
La movilización de ayer se replicó en 20 provincias. Participaron unas cuarenta organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Piquetero Nacional (MPN); Organización 17 de Noviembre, Frente de la Resistencia, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán.
En la Ciudad, la concentración terminó en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Desde esa cartera se comprometieron a comenzar a abonar los planes Potenciar Trabajo adeudados. Además, el flamante ministro Juan Zabaleta prometió una reunión con las organizaciones.
Los convocantes también exigieron “reivindicaciones pendientes”, como aumento en los programas sociales, asistencia integral a los comedores populares, empleos genuinos, obra pública para reactivar las tareas barriales a través de cooperativas; y entre otras demandas, un plan de viviendas para dar soluciones habitacionales.
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