El juez Alejandro Sudera, titular del Juzgado Nacional del Trabajo 56 y candidato a integrar la Cámara de Apelaciones del fuero laboral, fue denunciado por una abogada ante el Consejo de la Magistratura por violencia de género.
La denuncia está basada en un fallo del propio magistrado, donde no solo se leen descalificaciones hacia el trabajo de la letrada sino que remarca las faltas de ortografía que hay en sus escritos. Pero lo peor de todo eso es que ordenó que le pagaran $1 en concepto de honorarios por su actuación en el juicio a pesar de haberlo ganado.
Incluso criticó a la abogada por haber efectuado, en una audiencia de testigos, “al menos diez preguntas que fueron desestimadas” cuando él mismo había sido quien las desestimó. Después le sugirió: “si tendría preguntas distintas a las ya formuladas para los siguientes testigos”. Y para coronar los comentarios lapidarios le recordó que había “pulverizado la mayor parte de las potenciales chances de su cliente”.
El fallo de Sudera, que es de 2011, se hizo públicamente conocido tras la apertura del Registro de denuncias contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género el 10 de marzo.
El supuesto delito que la denunciante le atribuye al juez Sureda es la violación a la Ley 26.485 sobre violencia de género dado que sólo se explicaría su particular comportamiento en la diferenciación por género ya que no se conocerían antecedentes de este tipo respecto de un abogado varón.
“Resulta imposible entender el relato de hechos realizado en la demanda, si es que existe alguna porción de esta que pueda ser calificada de aquella manera”, dijo Sureda en su polémico fallo, donde también se lamentó de no poder imponer las costas del proceso a la abogada.
Si bien la denuncia deberá ser analizada por el Consejo de la Magistratura, lo llamativo y más sorprendente aún es que el juez Sudera se encuentra en condiciones de ser designado como Camarista ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pese a haber sido objeto de denuncias en al menos otras tres oportunidades. De hecho, integra una terna elevada por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo a tales fines.
La notoriedad y gravedad de los hechos denunciados pusieron en alerta al mundo judicial dado que en estos tiempos donde se realizan y redoblan esfuerzos para que la justicia adopte una perspectiva de género y se desalienten estas cuestionables prácticas, resulta llamativa su candidatura y postulación.
El juez Sureda es integrante de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que hoy cuenta con su mayor exponente en el Juez Ricardo Recondo (miembro del Consejo de la Magistratura) y al parecer, su promoción a la Cámara de Apelaciones no encontraría cohesión entre los miembros de dicha lista.
La pregunta que se hacen sus pares es ¿cuál es la necesidad de promover o siquiera proponer para cargos públicos tan sensibles a candidatos que cuentan con estos antecedentes o que no trepidan en expedirse en los términos que se han publicado?.
Algunos encuentran explicaciones en las conveniencias de unos y otros por tener y sostener pactos no explicitados en la institucionalidad, otros se animan a afirmar que todo se trata de una mirada tan tradicional como machista ya que en este concurso existen candidatas mujeres de antecedentes intachables y probadas cualidades para la función pero que son dejadas de lado precisamente por su condición de mujeres.
Sean esas o no las motivaciones, lo que debiera repensarse es el presente y futuro de la Justicia. ¿Son estos candidatos los mejores para sacar al Poder Judicial de la difícil situación institucional en la que se encuentra?. ¿Con qué autoridad se juzgará con perspectiva de género si se avalan este tipo de prácticas?.
Habiendo tantas mujeres candidatas es casi imposible no pensar que existe un sesgo machista que reiteradamente enturbia los procesos de selección de magistrados cuando los mismos trastabillan con estos problemas del pasado que recurrentemente se vuelven al presente.
La demanda, por su parte, le solicitó a la justicia que ordene el procedimiento para la remoción del juez, solicite su suspensión y formule la acusación correspondiente ante el jurado de enjuiciamiento. También pide que su denuncia se inscriba en el Registro sobre jueces y violencia de género.
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