La Argentina avalará hoy en Ginebra el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que denunció severas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela aunque remarcará también los efectos negativos del bloqueo económico que tiene el régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
El canciller Felipe Solá adelantó a Infobae que “para tener autoridad moral al denunciar el bloqueo físico y financiero y las sanciones a Venezuela hay que ser capaz de hacerlo también con su violación a los derechos humanos”.
De esta manera, la Argentina planteará en la reunión del Consejo de Derechos Humanos que deliberará entre hoy y mañana en Ginebra que el gobierno de Alberto Fernández cuestiona la violación a los derechos humanos que comete el régimen de Maduro aunque también quiere dejar en claro que el camino del bloqueo o la intervención extranjera no es el rumbo para llevar una solución a la crisis venezolana. Y volverá a pedir elecciones libres y transparentes para elegir al sucesor de Maduro.
La delegación argentina en la sede de la ONU en Suiza liderada por el embajador Federico Villegas ya tiene las instrucciones precisas de Alberto Fernández y Solá para apoyar el informe contundente que emitió la ONU el 16 de septiembre pasado en el que relata cómo las autoridades y las fuerzas de seguridad de Maduro planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, y torturas.
En las deliberaciones sobre ese informe y la situación de Venezuela en general empiezan hoy en Ginebra y culminan mañana luego de todas las exposiciones. Además del informe de la Alta Comisionada de derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denuncia al régimen de Maduro, también se tratará en la ONU un proyecto promovido por Irán, Rusia y otros aliados de Venezuela que promueven la cooperación técnica y asistencia en materia de derechos humanos, pero que no menciona las violaciones sistemáticas a las libertades por parte de Maduro. Ese es un documento que elude la cuestión de fondo de la situación venezolana.
El Gobierno argentino ya adelantó que avalará el informe de Bachelet y sus ampliaciones. Así dejó reflejada esta posición el canciller Solá en el punto 7 del documento que firmó con el Grupo de Contacto, del que forma parte la Argentina, junto con otros países para encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela.
En ese documento la Argentina planteó que los miembros del Grupo Internacional de Contacto expresan su “profunda preocupación” por la violación de los derechos humanos en Venezuela. También el canciller Solá destacó allí y hoy se reiterará en el informe en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que la Argentina insta a que las misiones de revisión sobre la situación de los derechos humanos se realicen in situ y que no sólo estén avaladas con testimonios de refugiados o venezolanos que hoy viven en el exilio.
Además, el embajador Villegas tiene instrucciones de plantear ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Gobierno también condena “los bloqueos, las sanciones personales y las permanentes amenazas de acciones directas de una parte de la oposición”.
El apoyo de la Argentina al informe de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro será una muestra que esperan muchos países de la región luego del sigzagueo que mostró la semana pasada el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, quien destacó que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.
A lo largo de su intervención en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del régimen de Maduro, Raimundi destacó que la Argentina “no hace una lectura ideológica de los derechos humanos. Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país, un instrumento para tomar una posición ideológica”.
Estas expresiones generaron un fuerte malestar en la comunidad internacional y también un llamado de atención del presidente Alberto Fernández, que le dejó en claro a Raimundi en una conversación telefónica que la Argentina condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El tema escaló también en la diplomacia internacional. El Subsecretario Adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kevin O´Reilly, calificó de “tristes” los comentarios de Raimundi y dijo que “cuando uno tiene un poco de gris en el pelo, puede recordar un momento en el que la Argentina llamó al respeto a la institucionalidad democrática. Eso es lo único que realmente piden los venezolanos”.
En las deliberaciones que se realizan entre hoy y mañana en Ginebra está contemplado que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidan sobre la continuidad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que evaluó violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en ese país además del informe publicado el 16 de septiembre pasado.
La presión internacional para que la Argentina avale ese informe en la ONU es fuerte. Ayer, la oficina de Amnistía Internacional en Buenos Aires pidió al Gobierno que se expida de manera contundente sobre el caso de Venezuela.
“Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos (por el informe de la ONU) o la responsabilidad del gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablado de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en relación al discurso del embajador Raimundi.
La posición de Alberto Fernández en relación a Venezuela se contrapone a la postura histórica que mantuvo la presidencia de Cristina Kirchner que nunca objetó al régimen de Maduro.
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