Causa D’Alessio: Ramos Padilla citó a indagatoria a Arribas y Majdalani

El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla convocó para la semana próxima a indagatoria a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita que llevó adelante distintas extorsiones y planes delictivos.

Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la citación -fijada para 29 y 30 de septiembre- está vinculada a las bases que la AFI había instalado en el Área Metropolitana y que son objeto de investigación. “Es evidente que las tareas llevadas adelante por los agentes dependientes de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires no tuvieron como objetivo reunir y analizar información vinculada a eventuales alertas contra la seguridad nacional o investigar el crimen organizado, sino producir inteligencia por razones estrictamente políticas, teniendo en miras defender los intereses específicos de la gestión de gobierno imperante por ese entonces”, argumentó Ramos Padilla en su resolución.

La convocatoria se tomó en paralelo a otra decisión importante en el expediente: el juez dictó el procesamiento del primer ex funcionario de la AFI citado en esta causa, Pablo Pinamonti. Está acusado de realizar “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor" en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público. Se le imputa “haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias". También se lo señala por haber “pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo”.

El juez no dispuso su arresto por la nueva modalidad de prisiones preventivas que puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, pero sí medidas de coerción alternativas: le prohibió la salida del país, dispuso la retención de sus pasaportes –que deberán ser entregados por intermedio de su defensa– , le prohibieron que se reúna o comunique con los demás imputados o con los agentes que hayan prestado funciones en la Agencia Federal de Inteligencia y le impusieron una caución real por $10 millones.

Además de Arribas y Majdalani, Ramos Padilla citó a indagatoria a los ex agentes Daniel Salcedo y Antonio Melito, para el 6 y 7 de octubre; a Pedro Oscar García y Alicia Susana Nocquet para el 9 y 14 de octubre respectivamente; a Andrés Máximo Maisano y Gustavo Emilio Carreiras para el 16 y 19 de octubre y por último a José Luis Fiorentino. Todos ellos aparecen mencionados en un sumario interno de la AFI que se inició en abril del 2019, a raíz de una nota del diario Perfil, en donde se aludía al espionaje que habría sufrido la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por parte de ex jefes policiales que prestaban servicios para la AFI.

El caso D’Alessio comenzó en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa de los cuadernos y le solicitaba USD300 mil dólares para “ayudarlo”. En sus declaraciones a Etchebest, D’Alessio decía que trabajaba para la AFI y para la DEA, pero eso nunca se corroboró.

La causa destapó una red de extorsiones y acciones vinculadas a actividades de inteligencia prohibidas por la ley. En ese expediente fueron procesados el falso abogado D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, los fiscales Juan Ignacio Bidone y Carlos Stornelli, entre otros.

Hasta ahora la investigación apuntaba a un grupo de agentes “inorgánicos” que hacían tareas de inteligencia ilegal. Con las decisiones adoptadas este jueves el juez decidió avanzar sobre funcionarios formales de la estructura de la AFI. De hecho el fiscal Juan Pablo Curi impulsó la acción penal pero entendió que debía abrirse otra causa para investigar estos hechos porque excedían la investigación que tiene en sus manos. El juez la abrió pero la declaró conexa al expediente D’Alessio.

A lo largo de las más de 300 páginas que tiene el procesamiento, con fotos y seguimientos, Ramos Padilla concluye que las pruebas permiten vislumbrar “que, en forma cotidiana y permanente, las BASES AMBA reunían información vinculada a las actividades políticas de la oposición en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires, la cual luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.

El llamado “PROYECTO AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, que se sumaron a las tres que ya existían. En Ezeiza estaba Ricardo Bogoliu, procesado con D’Alessio en la causa. “Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”, dijo Ramos Padilla. La tarea era coordinada desde la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, en manos de Pinamonti.

El fallo afirmó que hubo ciberpatrullaje, consignación de datos personales de los militantes y referentes políticos (DNI, CUIL, domicilios, teléfonos, datos familiares, etc.), la identificación precisa de los locales partidarios o centros comunitarios y los dominios de los vehículos utilizados por manifestantes para asistir a actividades políticas, entre otros. En Ezeiza, por ejemplo, esas diligencias tuvieron como objetivos a La Cámpora, la agrupación Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, Frente Popular Darío Santillán y la Agrupación Néstor Kirchner, entre otros.

Un capítulo de la resolución habla de “La búsqueda de eventuales vínculos delictivos de las personas que se fotografiaron junto a Cristina Fernández de Kirchner”. Allí detalló un informe de la base Pilar sobre un acto político realizado el día 8 de octubre de 2017, a dos semanas de las elecciones legislativas generales en donde CFK se convirtió en senadora. En ese contexto, “los agentes de inteligencia alertan de una supuesta maniobra dirigida a disponer cambios masivos de domicilio, para trasladar votos del padrón electoral de un distrito a otro” y “sostienen que el traslado de una funcionaria del Registro Nacional de las Personas de la localidad de Los Polvorines a Pilar se enmarcó en un ‘plan sistemático de carácter político’ efectuado por la principal oposición a la gestión de ese momento, el partido Unidad Ciudadana”

“Corresponde hacer una aclaración -escribió Ramos Padilla-. Si en el devenir de las labores de inteligencia desarrolladas por la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de sus funciones específicas, se topa con la posible comisión de un delito, los funcionarios actuantes se encuentran obligados a formular la denuncia a las autoridades judiciales correspondientes”

Y añadió: “el propio Pablo Pinamonti en su declaración indagatoria manifestó que, en esos casos, la orden era judicializar esos eventos presuntamente delictivos. Ahora bien, no existen constancias en el informe antedicho ni en siguientes, ni en lo informado por la AFI en relación con las causas judiciales formadas a partir de investigaciones de las BASES AMBA, que dé cuenta de que se haya formalizado denuncia respecto de estos hechos”.

“Teniendo en cuenta ello y el modus operandi específico y reiterado en el tiempo por el que culminaba el ciclo de inteligencia de las acciones desplegadas por la organización de espionaje paraestatal que se han investigado en la presente causa, resulta una hipótesis razonable sostener que, con este informe, la Base Pilar se encontraba buscando eventuales vínculos delictivos de aquellas personas que aparecían en una fotografía con la candidata (CFK) de la oposición en ese momento, posiblemente, como un insumo que pudiera ser de utilidad política, a dos semanas de la realización de los comicios generales”, afirmó

El fallo también menciona las pruebas detectadas en torno a los reclamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado “Se advierten enfoques valorativos en referencias como ‘grosera desnaturalización’ de la finalidad perseguida por las PASO, la ‘politización’ del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado o la presunta intención de ‘desgastar al gobierno’ por parte de aquellas organizaciones políticas que reclamaban por el joven desaparecido”, detalló. Y añadió: “en ningún caso el tema–objeto fue la desaparición de Maldonado en sí, sino las formas en que la población articuló reclamos en torno de ella”.

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