Aún no hay fecha para que se reanude el juicio por la Obra Pública y la Justicia analiza diversas alternativas

A un año exacto de iniciado el juicio por la obra pública contra la hoy vicepresidente Cristina Kirchner, ex funcionarios que pasaron por su gestión como presidenta y el empresario Lázaro Báez, el reinicio del debate en medio de la pandemia por el coronavirus es un misterio. Por ahora, la reanudación del proceso depende de que el Consejo de la Magistratura encuentre la llave para garantizar la conexión a internet para todas las partes del juicio. Y eso hasta ahora no es posible.

"Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido. La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos para todo el país, y requiere la instalación de un cliente y una vpn por cada participante. Se trata de un sistema dimensionado para tiempos normales con mayoría de participantes internos y mayormente puntos fijos externos (consulados, salas de audiencias, etc). Razón por la cual, la dirección con buen criterio ha estado trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible. Hasta recibir nuevas indicaciones de los superiores no cuento con fechas ni detalles que pueda comunicar”, informó Ricardo Noziglia Wilde, integrante de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, en una nota dirigida al Tribunal Oral Federal 2, a cargo del debate, tal como lo publicó Infobae el martes pasado. Fue una respuesta a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes habían pedido información sobre la posibilidad de reanundar el juicio de manera virtual.

El fiscal Diego Luciani, que busca que el juicio se reanude, le había planteado a los magistrados que se buscara la manera de llevarlo adelante de manera presencial pero garantizando la distancia social. Como el juicio ya se está realizando en la sala más grande que tienen los tribunales de Retiro (la Sala AMIA) y aún así estaban todos apretados, sugirió pedir espacios fuera, incluso del ámbito de la justicia. Propuso la Facultad de Derecho o hacer las audiencias en un teatro.

Esa iniciativa por el momento no fue contemplada. Sin embargo, fuentes de la investigación indicaron a este medio Infobae que es posible que esa opción termine analizándose, sabiendo que las defensas cuestionarán el debate virtual. Y también teniendo en cuenta un efecto no deseado muy peligroso: si al habilitar la feria para este caso, ocurriera una falla técnica que impidiera reanudar el debate por 10 días hábiles, las defensas podrían pedir la nulidad de todo el proceso.

“Descartada la opción A, debería analizarse la opción B”, sugerían en tribunales. “Si Cristina Kirchner pudo solucionar en el Senado la opción de sesionar, ¿por qué la justicia no podría encontrar la forma de llevar adelante este juicio?”, se preguntaban.

La feria judicial extraordinaria se extendió, hasta ahora, a la par de la cuarentena dispuesta por el Gobierno. La fase actual vence el 24 de mayo, pero se descuenta que será extendida. Habrá que ver qué camino adopta la Justicia. Por lo pronto, la Corte ya instruyó a los tribunales inferiores a tramitar todas las causas que fueran posibles.

Para las defensas, no hay ningún apuro en retomar el debate o al menos no de cualquier manera. “Más que por una cuestión estratégica, es porque es imposible -afirmó uno de los abogados que intervienen-. Hay que considerar el momento en que se encuentra el juicio. Una cosa es retomar un debate de pocos acusados, como pasó en el caso de Ricardo Echegaray esta semana y que estaba en etapa de alegatos. Y otra es desarrollar una audiencia en donde hay 13 abogados, con sus respectivos imputados, dos querellas, la fiscalía, el tribunal, más empleados”.

“¿Cómo va a declarar Javier Iguacel (el ex director de Vialidad y denunciante en el caso) por videoconferencia, con 13 defensas que lo están esperando y sin que sepamos si alguien le puede pasar las respuestas detrás de la computadora?”, razonó otro de los abogados.

Un tercer defensor afirmó que “no parecería que estén dadas las garantías para hacer un juicio de esta naturaleza con tantas partes: una cosa es una declaración por videoconferencia de una persona, como ha ocurrido en muchos juicios sin pandemia, pero otra un juicio entero”. “Entiendo que nada vaya a ser como antes, pero algún grado de normalidad tenemos que encontrar sin sacrificar las reglas del debido proceso. Lo que garantiza un juicio oral es la oralidad y la inmediatez. Yo quiero ver si un testigo tiembla o no al contestar y no sé si eso lo voy a poder ver por zoom. Alguna forma de llevar adelante este juicio hay que encontrar”.

Algunos incluso recordaron cómo declaró en 2018 el fallecido Héctor Timerman, como imputado, en la causa del juicio por el Memorándum con Irán, un debate que todavía no se realizó: “No se escuchaba nada, no habían llevado micrófono corbatero. Tuvieron que ir los jueces a tomarle declaración a la casa. Y eso pasó hace dos años y con una declaración sola”.

El juicio por la obra pública comenzó el 21 de mayo de 2019. Fue después después de varias idas y vueltas que pusieron en peligro su inicio. Incluso la Corte Suprema de Justicia pidió copias del expediente para analizar planteos de la ex presidenta que todavía están pendientes.

Allí se analizan las presuntas irregulares en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex mandataria están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del fallecido presidente Néstor Kirchner- y funcionarios de vialidad nacional y de Santa Cruz.

La lista de acusados se completa con Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Con la intervención de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la acusación esta en manos del fiscal Diego Luciani y las querellas a cargo de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, dos organismos que habían impulsado la causa durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El 2 de diciembre pasado, apenas unos días antes de jurar como vicepresidenta, Cristina Kirchner declaró en indagatoria. En una explosiva exposición, en donde les advirtió a los jueces que ellos serían los que tendrían que contestar preguntas, la ex jefa de Estado sostuvo que la acusación en su contra “fue un plan ordenado por el gobierno saliente”. También dijo que la historia la absolverá.

"El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas”, afirmó. “Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó el país, había que traer de vuelta al FMI y para traer el Fondo había que convencer que el que los desendeudó era un chorro y vino a saquear el país. Eso es lo que hicieron y por eso estoy sentada acá. No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasó en la dictadura y no voy a prestarme a eso”.

Con una audiencia por semana, los lunes habitualmente, en este año de debate se escucharon a las lecturas de la acusación y a los imputados que quisieron declarar, Cristina incluida. También a seis testigos: los diputados o ex diputadas Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez y Mariana Zuvic; la abogada Silvina Martínez, representante legal de Sbolbizer; y a Ricardo Stoddart, exjefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. Iguacel, funcionario de Macri que impulsó esta denuncia que llegó a juicio oral, debía declarar cuando llegó la pandemia.

En total, son 159 testigos citados. Entre ellos hay varios ex funcionarios de Cristina Kirchner. Se destacan el presidente Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; el gobernador de Chaco Jorge Capitanich; el titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina -todos ex jefes de Gabinete durante las presidencias de Cristina Kirchner. A ellos se les suma Carlos Zannini, procurador del Tesoro.