En su último día como juez federal, Claudio Bonadio archivó una causa en la que investigaba si el ex Jefe del Ejército durante el kirchnerismo hacía espionaje ilegal

Claudio Bonadio murió el 4 de febrero pasado. Trabajó como juez federal hasta el último día del año 2019. Y precisamente en aquella jornada del 30 de diciembre archivó una causa judicial que se había abierto en el año 2014 contra el general César Santos del Corazón de Jesús Milani, quien fuera Jefe del Ejército durante una parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El expediente se había iniciado a raíz de una denuncia realizada por el abogado Carlos Tórtora del Informador Público, quien sostuvo que las ex autoridades del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General del Ejército habían diseñado a partir de 2008 un sistema que, bajo el nombre “Proyecto de Ciberdefensa”, se utilizó para realizar actividades de inteligencia interna prohibidas por la ley, en perjuicio de políticos y periodistas. Tórtora había denunciado que para “dar marco a tales maniobras, fueron indebidamente aumentadas partidas presupuestarias, se designó personal irregularmente y se adquirieron materiales tácticos y electrónicos”. Según la denuncia, Nilda Garré, que había sido ministra de Defensa, le habría otorgado al general Milani el manejo de los fondos reservados provenientes de partidas secretas correspondientes a la Armada y a la Fuerza Aérea para realizar espionaje ilegal y compra de material secreto que fue a parar al Ejército.

Se había denunciado también que Milani manejaba de manera discrecional fondos reservados por unos 15 millones de pesos que no debían ser rendidos ante ninguna autoridad. La denuncia consignaba que el Ejército había comprado insumos para realizar tareas de inteligencia no permitidas por la ley entre los que se encontraban motocicletas todo terreno, botes inflables, GPS, computadoras, material informático y camionetas de color negro que tenían como destino investigar a la oposición.

La denuncia aseguraba que también se habían comprado cámaras digitales potentes y equipos para hacer escuchas telefónicas, con los que supuestamente se habían intervenido de manera ilegal teléfonos de dirigentes de organizaciones políticas, empresariales y agropecuarias. Aquella misma denuncia decía que Milani había contratado a sus compañeros de promoción del Ejército como agentes de la estructura de inteligencia montada y que tenía sede en séptimo piso del Edificio Libertador.

Bonadio había archivado la causa el 3 de junio de 2016, cuando ya gobernaba Mauricio Macri. Lo había resuelto al no poder corroborar nada a pesar de que la Policía Metropolitana había intervenido en el caso. El fiscal Carlos Stornelli apeló la decisión de Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal ordenó la reapertura del caso y sugirió que se citara a declarar a varias personas como el ex jefe del espionaje durante el kirchnerismo Horacio Antonio “Jaime” Stiuso, el gobernador de Jujuy por Cambiemos Gerardo Morales, la cuñada de Milani, Clara Waite y el periodista Daniel Santoro. Los últimos tres habían manifestado sus sospechas de que eran objeto de espionaje por parte de un aparato de inteligencia ilegal.

Según la última resolución de Bonadio -a la que Infobae accedió en los tribunales de Comodoro Py- no se pudo corroborar la hipótesis delictual denunciada y se volvió a archivar la causa. Al expediente original que estaba en el juzgado de Bonadio se acumuló otro que le había tocado al juez Julián Ercolini, en el que se había denunciado que en el séptimo piso del Edificio del Edificio libertador había una central de inteligencia ilegal. Ercolini había allanado ese lugar y no había hallado nada. En esa misma causa, Morales había dicho que su computadora personal y su correo electrónico habían sido violados de manera remota. Un peritaje judicial no permitió corroborar –por el paso del tiempo- aquello que había dicho gobernador jujeño cuando era senador nacional por su provincia. Bonadio no pudo determinar que Santoro y la cuñada de Milani hayan sido objeto de inteligencia ilegal por parte de la estructura que había sido denunciada.

En tanto, Stiuso señaló que en la Dirección General de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que condujo hasta que el kirchnerismo lo echó en 2014, tenía equipos fijos y móviles para detectar valijas para realizar escuchas clandestinas, y que en unos de los puntos en donde detectaron la presencia de una de esas valijas fue en el edificio Libertador.

Bonadio le pidió a la AFI, ya en el gobierno de Macri, documentación que respaladara los dichos de Stiuso, pero desde el organismo de Inteligencia señalaron que no había constancia. Tampoco la AFI pudo determinar si el Ejército había comprado dispositivos como las valijas que necesitan certificaciones especiales porque se venden de gobierno a gobierno.

Bonadio les había preguntado también a las autoridades del Ejército que asumieron luego del cambio de gobierno en diciembre de 2015 sobre la compra de elementos destinados al espionaje. En esa fuerza aseguraron que no hubo compras y que no se realizaron actuaciones administrativas para denuncias la existencia de actividades de inteligencia ilegales. Por otra parte desde el Ministerio de Defensa -gestión Macri- informaron que los aumentos de partidas presupuestarias para el Ejército durante el gobierno kirchnerista fueron proporcionalmente similares a los recibidos por la Fuerza Aérea y la Armada.

Con toda esa información en su poder y en el último día que firmó una resolución como juez federal, Bonadio dictó -por segunda vez- el archivo de la causa en la que se investigaba a Milani.

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