El plan de Alberto Fernández para que los movimientos sociales produzcan alimentos a gran escala para los sectores más vulnerables

En el esquema de fondo de lo que será el Consejo contra el Hambre que se prefigura Alberto Fernández se prevé un cambio sustancial en la política social del nuevo gobierno que apuntará a que los movimientos sociales puedan producir alimentos a gran escala sobre la base de una economía popular que atienda a los sectores más vulnerables de la Argentina.

Después de la primera reunión que hizo el presidente electo del Consejo contra el Hambre convocando a Marcelo Tinelli, referentes de los gremios y las cámaras empresarias, el equipo dirigido por el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, convocó para la semana a los sectores académicos y técnicos de la política social para apuntalar en hechos concretos la idea de fortalecer la economía de las cooperativas y movimientos sociales que vayan a producir alimentos a gran escala para la “canasta básica saludable” de las familias pobres.

Arroyo ya deslizó a los dirigentes del denominado Bloque Piquetero Nacional donde convergen el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la CTEP, entre otros, la idea base del presidente electo: “Establecer un salto productivo cuantitativo y cualitativo para producir alimentos y abastecer a los sectores vulnerables de la Argentina”, les dijo.

Tanto Fernández como su futuro ministro de Desarrollo Social están convencidos de que el combate a la pobreza y el hambre en el país deberá ir acompañado por un fortalecimiento del aparato productivo de los movimientos sociales y la economía popular.

Parte de este planteo se deslizó en la primera reunión del Consejo contra el Hambre que encabezó el presidente electo. Aunque en la reunión de técnicos y académicos que se hará la semana que viene en las oficinas de Puerto Madero prevén darle forma y empezar a detallar los mecanismos concretos para que los movimientos sociales puedan producir alimentos a gran escala.

Están convocados para ese nuevo encuentro del Consejo contra el Hambre referentes del INTI, el INTA, el CONICET, la FAO, académicos de las universidades nacionales en especial del sector de la salud, la nutrición y la economía, los referentes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y especialistas en microemprendimiento, entre otros.

“Muchos movimientos sociales ya están produciendo alimentos, pero la idea nuestra es que lo hagan a gran escala para que se aumente el aparato productivo de la economía popular y al mismo tiempo se pueda atender a los sectores que padecen hambre en la Argentina”, dijo Arroyo a varios líderes piqueteros, según pudo reconstruir Infobae.

Es decir que la intención del nuevo gobierno es salir de la emergencia alimentaria que existe hoy para que haya un círculo productivo y de salida de la pobreza por medio del trabajo genuino.

El desafío de enfrentar este plan desde el Consejo contra el Hambre es muy grande de parte del nuevo gobierno si se tiene en cuenta que los niveles de pobreza en la Argentina están en el orden del 35% y que según el último informe de la UCA la inseguridad alimentaria severa, es decir aquellos argentinos que padecen hambre, alcanzó este año el 9,7% de la población urbana mientras que la inseguridad alimentaria total se ubicó en el 20%.

Claro que todos estos deseos del presidente electo encuentran algunos escollos en lo inmediato y muchos problemas que ya les fueron planteados por los mismos movimientos sociales.

Gildo Onorato, secretario de política social del Movimiento Evita y miembro de la CTEP, explicó ayer a Infobae que van a acompañar la idea del presidente electo de fortalecer la economía popular para la producción de alimentos a gran escala. Pero alertó de que para ello haría falta una cláusula de “reserva de mercado” para los movimientos sociales. Es decir, que las cooperativas y grupos piqueteros que tienen huertas o producen alimentos se aseguren un espacio determinado en el abastecimiento en las góndolas para los sectores vulnerables y que ello esté regido por el Estado.

Desde el Movimiento Evita, Onorato remarcó que el gobierno de Mauricio Macri “nunca le prestó mucha atención a la economía popular y las diferencias estructurales en la visión de la pobreza impidieron que se pueda llevar adelante un plan de producción a gran escala”.

Actualmente hay unas 250.000 familias que trabajan en todo el país en la economía popular agrícola. Están distribuidos en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, el interior bonaerense y Entre Ríos sustancialmente. No obstante, los especialistas en economía popular creen que para abastecer a gran escala a la población vulnerable haría falta en la Argentina al menos un millón de personas de cooperativas y movimientos sociales abocadas a la producción de alimentos a gran escala.

Daniel Menéndez, coordinador del movimiento Barrios de Pie, comparte las aspiraciones de Fernández y Arroyo de potenciar a la economía popular desde los movimientos sociales. Aunque también puso reparos: “Para avanzar hacia una economía popular abastecedora de alimentos a gran escala el nuevo gobierno debería resolver una quita del IVA para las cooperativas o establecer las condiciones necesarias para que el costo de un producto se reduzca para llegar sin problemas a las góndolas”, dijo Menéndez a Infobae.

También desde el Movimiento Evita contemplan que los movimientos sociales puedan asistir a los sectores desprotegidos con una economía al cuidado de la población de la tercera edad, el desarrollo de la industria textil, el reciclado y la economía en pequeña escala en los barrios.

En el espíritu del Consejo contra el Hambre que diagramó en borradores Fernández y su equipo se irán agregando ideas y más borradores hasta el 10 de diciembre. La idea es que este plan exceda un simple esquema de acceso a la comida de las madres de sectores pobres por medio de una tarjeta alimentaria. La apuesta es aún mayor y el desafío que se plantea el presidente electo en este campo está medido con una vara muy elevada por sortear.

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