Trujillo EN VIVO: últimas noticias tras el secuestro del empresario minero y asesinato de cuatro personas

Familiares y amigos se reunieron en el velatorio de Farhad Andrea Monzón Lingán, de 20 años, una de las cuatro víctimas del ataque perpetrado en la avenida Húsares de Junín durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. Sus allegados la recuerdan como una joven “alegre, activa y cariñosa” que cursaba el séptimo ciclo de la carrera de Medicina y vivía junto a su madre, Maritza. Era hija única por parte de ambos padres. “Un sueño por delante, una vida maravillosa. No es justo que le arrebaten la vida así”, expresó una tía de la víctima, quien viajó desde la ciudad de Chepén para acompañar a la familia.

Los familiares de la joven, a quien sus seres queridos llamaban cariñosamente “Fara”, exigieron justicia y reclamaron a las autoridades que “pongan mano dura” contra los responsables y que “caiga todo el peso de la ley”. La familia precisó que Monzón Lingán no trabajaba y que no cuentan con información detallada sobre las circunstancias exactas en que se encontraba en el vehículo al momento del ataque. El pedido de justicia se extendió también a las otras tres víctimas mortales del violento operativo.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, confirmó que ya se realizaron capturas en el marco de la investigación por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla. El oficial aseguró que el caso “está bien avanzado” y que “los hechos se están esclareciendo”, aunque declinó ofrecer cifras sobre el número de detenidos ante la insistencia de los periodistas presentes.

Espinoza solicitó un plazo de dos horas antes de brindar una conferencia de prensa formal dirigida “a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía”. El general precisó que resta completar “una pequeña diligencia” antes de informar con detalle sobre los avances del operativo. La Policía Nacional del Perú no respondió a las preguntas sobre el monto del rescate —trascendidos apuntan una cifra de 50 millones de soles— ni precisó cuántas personas fueron detenidas hasta el momento.

El reciente secuestro en Trujillo de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero en la provincia de Pataz, volvió a poner en el centro del debate público las conexiones entre la minería ilegal y supuestas estructuras de poder en el Perú.

Los cuatro ocupantes que permanecieron en el vehículo murieron en el acto. Fueron identificados como Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quienes se desempeñaban como guardaespaldas del empresario; Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja sentimental de Lara Tantaquilla; y Nadia Edith Urtecho Rodríguez, quien se encontraba circunstancialmente en el vehículo porque iba a ser llevada hasta su vivienda. Según información preliminar, Urtecho Rodríguez era bachiller en Administración. La Policía aún no ha confirmado oficialmente la relación exacta de cada víctima con el empresario secuestrado. Familiares de los fallecidos exigieron justicia.

Los atacantes usaron armas con silenciadores, razón por la cual los disparos no generaron un sonido perceptible en las grabaciones. En el lugar se hallaron al menos siete casquillos de bala. Uno de los delincuentes permaneció algunos minutos en la escena e ingresó nuevamente al vehículo donde estaban los cuerpos; la Policía investiga si buscaba algún objeto, intentaba borrar evidencia o pretendía llevarse la camioneta. El intento no resultó efectivo: el sujeto abandonó el vehículo, escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro automóvil.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que aunque las cámaras muestran directamente a tres hombres interviniendo en el ataque, la estimación policial apunta a la participación de unas diez personas y al menos tres vehículos. “Estos hechos graves son planificados”, afirmó el oficial, quien explicó que este tipo de organizaciones primero identifican a la víctima, luego realizan seguimiento y finalmente ejecutan el secuestro.

Espinoza Cuestas reveló además que la División de Secuestros de la PNP contaba con alertas previas sobre la preparación de un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. La institución notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución, pero en ese momento no se conocía la identidad del objetivo. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló el jefe policial ante los medios.

Durante las diligencias, los investigadores localizaron prendas de vestir de Lara Tantaquilla abandonadas en la ruta de escape. Espinoza Cuestas explicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de rastreo. “Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial, quien precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

Un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las diligencias del caso y el contacto con los familiares del empresario.

La hipótesis técnica de la Policía apunta a Los Pulpos como responsables del ataque. El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que esa línea de investigación toma en cuenta la modalidad del ataque —la simulación de operativos policiales—, las características de la víctima y los medios utilizados. Espinoza Cuestas también mencionó a La Jauría como otra organización bajo análisis, aunque aclaró que la autoría todavía no ha sido determinada y que las investigaciones continúan.

Revoredo señaló además que integrantes vinculados a estas organizaciones permanecen recluidos en establecimientos penitenciarios de Tacna, Chiclayo y Trujillo, y que la posibilidad de una planificación desde los penales forma parte de la investigación en curso.

Los Pulpos es una de las organizaciones criminales con mayor trayectoria en La Libertad. La PNP y el Ministerio del Interior han vinculado a sus integrantes con extorsión, secuestro, sicariato y atentados con explosivos. Uno de sus principales cabecillas identificados es Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, requisitoriado por robo agravado. En septiembre de 2024, el Gobierno elevó de S/75.000 a S/500.000 la recompensa por información que permita su captura. En febrero de 2026, el Ministerio del Interior informó la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda cuando, según la versión policial, pretendían atacar una discoteca de Trujillo con un artefacto explosivo.

El modus operandi del ataque en Húsares de Junín replica un patrón ya documentado en Trujillo. El 23 de octubre de 2023, el empresario Iván Díaz Garrido fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por efectivos policiales, ingresó a su negocio y lo raptó con violencia. Permaneció once días cautivo y fue hallado con signos de tortura: le habían cercenado dos dedos y parte de las orejas.

Los responsables —José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última señalada como autora intelectual — recibieron condenas de cadena perpetua. En el proceso judicial, la declaración de la propia víctima, el material fílmico, las intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales en vehículos usados por los implicados resultaron fundamentales. El abogado de Díaz Garrido, Víctor Peralta, destacó la logística y el uso sistemático de uniformes policiales falsos como prueba de la existencia de una red con múltiples participantes y roles definidos.

Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, es natural de Chillia, en la provincia de Pataz. El vehículo en el que ocurrió el atentado, una Ford Bronco Raptor, está registrado a nombre de la empresa Millenium J&J S.A.C., dedicada al transporte de carga por carretera.

Lara Tantaquilla figura vinculado a compañías mineras con registros suspendidos ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y tiene antecedentes de detención por presunta pertenencia a una organización criminal de lavado de oro ilegal. Según el medio regional Conexión Norte, su nombre aparece asociado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., con domicilio oficial en Tarma, Junín, que inició actividades el 1 de abril de 2013 y registró su baja definitiva el 29 de abril de 2024.

También figura como propietario de la empresa minera Matwork, fundada en 2013 e investigada por la PNP por lavado de oro. La indagación culminó con su detención: era acusado de ceder su registro en el Reinfo para transportar mineral aurífero extraído por mineros ilegales con destino al puerto del Callao y, desde allí, a mercados de Europa y Asia.

Sandro Espinoza, especialista en gestión de riesgo criminal, advirtió en declaraciones al canal 24 Horas que el fenómeno delictivo en Trujillo ha evolucionado hasta permitir que bandas como Los Pulpos actúen con niveles de violencia y coordinación alarmantes. Explicó que estos grupos logran operar bajo apariencia de legalidad porque acceden con facilidad a uniformes y accesorios policiales que se comercializan en sectores informales, y porque existe una relación entre elementos corruptos de las fuerzas del orden y las organizaciones criminales. “El problema es que ya los delincuentes actúan de manera coordinada con altos mandos de la policía. Es una realidad que nadie quiere aceptar y nadie quiere ver”, afirmó.

Agregó que la respuesta estatal resulta insuficiente, ya que las capturas suelen limitarse a los integrantes de menor jerarquía sin afectar la estructura central de las bandas.

El atentado generó una reacción inmediata en el Congreso. La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado de “firme condena” al ataque y solicitó la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, argumentando “falta de resultados” en la lucha contra la delincuencia. “Exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el documento difundido el 30 de agosto.

El pedido de Renovación Popular coincide con una iniciativa presentada dos días antes por el bloque de Juntos por el Perú, que propuso habilitar mecanismos para que la presidenta o el Congreso puedan separar al comandante general de la PNP. La convergencia entre bancadas de derecha e izquierda en el reclamo de la salida de Arriola marca un giro inédito en la política de seguridad y añade presión sobre el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento ha evitado pronunciarse directamente sobre el futuro del jefe policial.

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial y destacó que el ministro del Interior, el ministro de Defensa y otras autoridades viajaron a Trujillo para atender la situación de manera directa. El organismo reiteró la urgencia de desarticular de manera efectiva las organizaciones criminales que operan en la ciudad y exigió que se garantice la pronta ubicación y liberación del empresario secuestrado.

En el ámbito educativo, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) dispuso que las actividades académicas de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en el distrito de Alto Trujillo, se desarrollen de manera virtual hasta el viernes 5 de septiembre, como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores. Las autoridades educativas coordinaron además el despliegue de efectivos de la PNP y personal de Serenazgo en los alrededores del plantel, y solicitaron ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que se refuerce la vigilancia en todas las instituciones educativas de la región.

Las investigaciones continúan. La Policía mantiene como prioridad la ubicación de Jens Marty Lara Tantaquilla y la captura de los responsables del ataque más letal registrado en Trujillo en lo que va del año.