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Militares investigados por la matanza de cinco jóvenes en Huancavelica fueron puestos en libertad

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó la prisión preventiva contra los investigados que participaron en el operativo del 25 de abril que acabó con la vida de cinco jóvenes y dejó dos heridos

Los militares investigados por la masacre de Colcabamba recuperaron su libertad esta tarde luego de que la Sala de Apelaciones revocara la medida de prisión preventiva dictada en su contra.
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Los ocho militares del Ejército del Perú involucrados en la investigación por la muerte de cinco jóvenes y las lesiones de otros dos durante una intervención antidrogas en el VRAEM, en Huancavelica, fueron puestos en libertad el último viernes 7 de agosto. La medida se concretó luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín revocara la prisión preventiva de 12 meses que pesaba contra los agentes.

Los efectivos permanecían internados en el penal de Huamancaca Chico desde el 20 de junio, luego de que la Fiscalía solicitara prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones por lo ocurrido durante el operativo.

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El caso tomó un nuevo giro después de que uno de los sobrevivientes cambiara su primera versión y negara que el grupo hubiera estado trasladando droga por una ruta vinculada a esta actividad ilícita. El joven sostuvo posteriormente que habría sido amenazado por militares para brindar una primera declaración que lo vinculaba con el transporte de estupefacientes, versión que ahora forma parte de las diligencias fiscales.

Militares recuperaron su libertad, pero investigación continúa

La liberación de los ocho efectivos no significa que la investigación haya concluido ni que hayan sido exculpados por la muerte de los cinco jóvenes. La decisión de la Sala de Apelaciones dejó sin efecto la prisión preventiva, por lo que los militares afrontarán, por ahora, el proceso en libertad.

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Además, su situación procesal todavía podría cambiar. Otro juez deberá convocar una nueva audiencia y evaluar nuevamente qué medida corresponde aplicar mientras continúa la investigación fiscal. En esa instancia se deberá determinar si existen elementos suficientes para imponer nuevamente una medida restrictiva de la libertad o si los investigados pueden continuar el proceso bajo otras condiciones.

Un operativo antidrogas rodeado de cuestionamientos

El caso se remonta al 25 de abril, cuando una patrulla de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano intervino una camioneta sospechosa en Colcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica, durante un operativo relacionado con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. La intervención terminó con cinco personas fallecidas y dos heridas.

Grupo de hombres detrás de una valla metálica, uno con paquete. Recuadro circular con cinco jóvenes en uniforme de fútbol rojo en campo
Militares peruanos investigados por la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba, Huancavelica, abandonan las instalaciones mientras se recuerda a las víctimas.

La versión inicial del Ejército sostenía que los ocupantes intentaron evadir la intervención y que los militares respondieron ante un supuesto ataque armado. Posteriormente, peritajes reportaron el hallazgo de droga en el vehículo, aunque la defensa de los fallecidos cuestionó la validez de estas pruebas por la demora en su realización y una presunta ruptura de la cadena de custodia.

Uno de los principales elementos de la investigación son los testimonios de los sobrevivientes. Ricardo Jampier Acuña Quispe, uno de los jóvenes que logró sobrevivir, declaró inicialmente que había sido contratado para transportar droga y que formaba parte de un grupo de personas dedicado a esta actividad.

Posteriormente, el joven se retractó de esa versión y aseguró que había sido amenazado por los militares para admitir que trasladaba droga. Según su nuevo testimonio, no llevaba estupefacientes ni armas y habría sido obligado a firmar una declaración en la que reconocía una supuesta participación en el transporte de droga.

La contradicción entre ambas declaraciones se convirtió en uno de los puntos que deberá ser esclarecido por la Fiscalía. La defensa de los familiares de los fallecidos cuestionó las condiciones en las que se obtuvo el primer testimonio y puso en duda que este pueda ser utilizado para justificar lo ocurrido durante la intervención.

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