La Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó la prisión preventiva de 12 meses contra ocho militares investigados por la muerte de cinco jóvenes y las heridas sufridas por otros dos en Colcabamba, región Huancavelica, una decisión que les permitirá afrontar su proceso en libertad mientras la Fiscalía continúa la pesquisa por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Según Latina, la liberación de los militares se ejecutaría este viernes, después de que se realicen los trámites requeridos entre el Poder Judicial y el INPE. Los efectivos estaban internados en el penal de Huamancaca Chico desde el 20 de junio. Los ocho militares ya no seguirán recluidos mientras avanza la investigación fiscal. El proceso penal por las muertes y las lesiones continúa abierto.
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¿Qué pasó en Colcabamba?
El caso se originó el 25 de abril en Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica, durante un operativo militar. De acuerdo con el reporte de Latina, cinco jóvenes murieron y dos sobrevivieron al ataque.
Testimonio de un sobreviviente
Uno de los jóvenes que pudo sobrevivir al incidente, Jonathan Águila, relató desde la cama de un hospital local que los disparos de los militares comenzaron por detrás del vehículo en el que viajaban cuando regresaban de un campeonato de fútbol. “Ya empezaron a disparar de atrás hasta que el carro se plantó a un matorral”, declaró
Águila añadió que, tras el impacto inicial, la mayoría de los ocupantes seguía con vida y que el chofer ya no reaccionaba. “En ahí casi todos estábamos vivos. Solo el chofer había muerto porque ya no se movía desde que se ha tumbado para este lado”, dijo.
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Otro de los sobrevivientes, Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un video difundido por el medio Epicentro presenta una versión distinta en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.
“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión, al interior del vehículo no se transportaba droga ni armamento en el momento de la intervención.
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Ricardo Acuña Quispe denunció que militares lo obligaron a autoinculparse por tráfico de drogas bajo amenaza de muerte tras el operativo en Colcabamba. Cinco personas murieron durante la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM. Epicentro TV
El joven también indicó que los militares no se encontraban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, afirmó. De acuerdo con su relato, esta situación generó confusión entre los ocupantes del vehículo, lo que llevó al conductor a intentar escapar al creer que se trataba de un asalto. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.
La apelación anuló la medida y cuestionó el trámite de primera instancia
La resolución de segunda instancia dejó sin efecto la orden de prisión preventiva dictada en primera instancia por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja. Según la reportera de Latina desde Huancayo, la sala sostuvo que el juez no habría cumplido con garantizar la participación de los abogados de los investigados y que no habría considerado actuaciones realizadas durante la investigación.
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La decisión alcanza al capitán Luis Joel Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano, según Huanca York Times.
Defensa de militares ahora denuncia al juez por prevaricato y falsedad ideológica
En paralelo con la liberación, la defensa de los militares presentó una denuncia penal contra el juez José Matos Centeno, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja. La acción lo señala por los presuntos delitos de prevaricato y falsedad ideológica.
Según la publicación local, la denuncia fue formulada por el militar investigado Luis Joel Montenegro Pardo ante la Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Junín. El escrito pide diligencias preliminares para establecer una eventual responsabilidad penal del magistrado.
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Montenegro sostiene en ese documento que el juez dictó oralmente la prisión preventiva el 20 de junio de 2026 y que la defensa apeló en la misma audiencia. También afirma que el recurso fue sustentado sobre la base de los argumentos expuestos por el magistrado en la audiencia grabada.
La sala de apelaciones también decidió remitir el caso a Control Interno de la Corte Superior de Justicia de Junín para que evalúe la actuación del juez de Tayacaja, de acuerdo con Huanca York Times. Latina informó además que uno de los cinco fallecidos tenía 22 años.
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