El presidente José María Balcázar sostuvo un encuentro con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) para analizar la eventual derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú en medio de un contexto marcado por tensiones en el mercado energético internacional. La cita se da en un momento clave para la empresa estatal, cuya situación financiera y operativa ha generado preocupación en distintos sectores.
Durante la reunión, el mandatario precisó que la situación de la petrolera estatal se encuentra bajo evaluación y adelantó que en los próximos días se definirá una postura oficial. En paralelo, el Ejecutivo reiteró que mantiene acciones en marcha para atender otros frentes prioritarios, como la seguridad ciudadana y las demandas del sector transporte.
Evaluación del futuro de Petroperú
Desde Presidencia se informó que “la situación de la empresa estatal viene siendo objeto de análisis y que, en los próximos días, se adoptará una decisión al respecto”. Esta revisión incluye la pertinencia de dejar sin efecto el decreto de urgencia que plantea una reestructuración profunda de la compañía, en un escenario de crisis energética global.
El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 fue emitido con el objetivo de implementar medidas extraordinarias en materia económica y financiera para asegurar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos. La norma autoriza la reorganización patrimonial de Petroperú mediante la creación de bloques que pueden ser gestionados de manera independiente e incluso transferidos a vehículos especializados.
Contexto económico y financiero de la empresa
La disposición se sustenta en un diagnóstico crítico de la empresa estatal. Petroperú presenta pérdidas operativas sostenidas desde 2022, un flujo de caja negativo y una alta dependencia del endeudamiento externo. A octubre de 2025, además, registraba un capital de trabajo negativo, lo que evidencia dificultades para cubrir obligaciones de corto plazo.
A ello se suma la reducción de sus líneas de crédito, que pasaron de USD 2.599 millones a USD 402 millones entre enero y noviembre de 2025, así como la rebaja en su calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings. Estos factores, junto con limitaciones operativas en la Refinería de Talara, han deteriorado su posición financiera.
Alcances de la reorganización patrimonial
El decreto establece que la reorganización puede incluir activos tangibles e intangibles, licencias, contratos e incluso la Nueva Refinería de Talara. Asimismo, encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución del proceso, con facultades para definir la modalidad de promoción de la inversión privada, seleccionar operadores especializados y estructurar contratos de fideicomiso.
También se contempla que los recursos generados por estos bloques patrimoniales se destinen prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones financieras, con el fin de garantizar la continuidad operativa de la empresa.
Seguridad energética y abastecimiento
La norma advierte que la situación de Petroperú pone en riesgo el abastecimiento de combustibles, especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la empresa tiene una participación superior al 85% y donde la presencia del sector privado es limitada.
En ese sentido, el decreto busca evitar un escenario de desabastecimiento que podría afectar servicios esenciales como el transporte y la generación eléctrica, además de impactar en el desarrollo de actividades económicas en dichas zonas.
Otros anuncios del Ejecutivo
En el marco del encuentro con Fedunpe, el Gobierno también habló de su batalla contra la inseguridad. Según el comunicado, “reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra la criminalidad, anunciando la adquisición de equipos especiales para la Policía Nacional y la atención de las demandas formuladas por el sector transportista”.
Asimismo, se indicó que el Ejecutivo viene “articulando acciones concretas para frenar la delincuencia y garantizar la seguridad en las carreteras del país”, en respuesta a las preocupaciones expresadas por diversos sectores productivos.
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